Puebla sin anuncios

En este espacio propongo algo sencillo: quitar todos los anuncios, toda la publicidad de las calles de Puebla.

Alrededor de esta propuesta hay una idea de ciudad, de lo que quisiera que fuera esta ciudad en la que nací y vivo. Estoy recabando textos, ideas e imágenes para pensar con otros la ciudad. Lo que debiera ser una ciudad. Lo que queremos que sea Puebla y lo que no queremos para ella.

Hay mucho qué decir, anímate: decirlo ya es hacerlo real.


Escribe tus comentarios directamente en cada texto del blog.

Si tienes un texto que quisieras publicar en el blog mándamelo y lo subo de inmediato. Sólo que de plano a mi juicio no venga al caso no lo subiré. De otra manera aquí lo verás, digas lo que digas.



Si quieres comunicarte directamente conmigo mi dirección de correo es escalera@profetica.com.mx


José Luis Escalera



No hay anuncios en Sao Paulo, Brasil

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martes, 23 de diciembre de 2008

Wikipedia sobre la contaminación visual


"La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental.
Principalmente en las grandes ciudades, esta contaminación se hace presente en los avisos publicitarios de tamaños voluminosos son cada día más comunes, afectando la fisionomía de cualquier espacio o lugar público. Ejemplos comunes pueden ser vallas publicitarias, basuras o vertederos, graffitis, humos, tráfico áereo, redes de distribución eléctrica, postes de comunicación, raíles, edificios, señales, vegetación maligna y anuncios. También es potencialmente peligrosa y puede provocar ceguera.

Incidencias de la contaminación visual:
  • Accidentes ocasionados por obstrucción visual
  • Alteraciones del sistema nervioso
  • Impedimentos de transito libre y facilidad del mismo
  • La estética se ve afectada
  • Desequilibrio mental o emocional
  • Desmejoramiento panorámico
  • Estrés
  • Cefaleas
  • Problemas ecológicos (se rompe el equilibrio ecológico cuando algunas especies se alejan)
  • Trastornos de atención
  • Disminución de la eficiencia laboral, mal humor, trastornos de agresividad, etc.
  • También hace que la gente pierda cordura de manera instantánea"

jueves, 18 de diciembre de 2008

Cómplices en el mundo

Puebla sin anuncios no está tan solito: aunque en Puebla cada vez hay más anuncios en las calles, la preocupación y el interés por el tema crecen cada día, en Puebla y en todo el mundo.
Es claro que no lo suficiente como para poner el tema en la agenda de nuestros gobernantes, poco sensibles a nada que no sea conservar el poder y sus privilegios, pero llegará el día que veremos nuestras ciudades limpias.

Esta pequeña selección lo muestra, no dejes de echarles un ojo:


El exceso visual de carteles, antenas, tendidos eléctricos o elementos arquitectónicos inadecuados perjudica a los ciudadanos y al medio ambiente http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2006/09/01/155176.php

Claudio Arbohaín, Geobiólogo y Lilia Garcén, Arquitecta http://www.arqchile.cl/contaminacion_visual.htm

Los mensajes publicitarios, por la competencia desmedida, han terminado convirtiéndose en un barullo que carece de impacto comercial http://www.laprensa.com.bo/noticias/19-12-08/19_12_08_edit1.php

Fueron retirados 20 carteles en el distrito de San Juan de Lurigancho y en la carretera Panamericana Sur. Se impusieron sanciones de 3.500 soles a los responsables http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-10-19/Retiran-publicidad-contaminacion-visual.html

El exceso de contaminación visual estresa a los cruceños http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-07-21/vernotaahora.php?id=080720194820

La guerra mundial contra los carteles http://www.igooh.com/notas/la-guerra-mundial-contra-los-carteles/

¿“El veto sobre la publicidad al aire libre en São Paulo es ilegal y lo probaremos”? http://www.derevistas.com/contenido/articulo.php?art=6173


miércoles, 17 de diciembre de 2008

También en Uruguay

Un bloguero uruguayo está haciendo cosas interesantes en su blog, no dejes de conocerlo:


http://contaminacionvisualenuruguay.blogspot.com/

lunes, 17 de noviembre de 2008

De "Viaje al Japón"

Leyendo "Viaje al Japón" de Francisco Díaz Covarrubias, me encontré este parrafito, donde comenta sobre los anuncios a la vista desde el tren que lo llevaba a San Francisco, en el lejano año de 1874. Muchos años han pasado desde entonces. En Estados Unidos se dieron cuenta del pequeño favor que se hacían a ellos mismos ensuciando el paisaje con anuncios y los regularon de manera inteligente, en algunos casos drástica. En Puebla, 134 años después, los anuncios en las calles nos siguen pareciendo la cima de la "modernidad" y el "progreso". Vaya.


Mejor que hable Díaz Covarrubias:

Una de las cosas que llaman la atención del viajero en los Estados Unidos, es la multitud de anuncios que de todos tamaños, de todos los colores imaginables, y con los caracteres más variados y fantásticos se hallan escritos en cuanto lugar susceptible de recibir un rótulo. Sabido es que las fachadas de los edificios desaparecen a veces bajo los cartelones que prometen todo género de mercancías; pero lo más original es que, no sólo las barreras del camino aun en medio del desierto, están igualmente cubiertas de letreros, sino también las rocas y hasta el interior de los túneles y de los snow sheds, no obstante la profunda oscuridad que en ellos reina. El anglo-americano calcula que con la fugaz claridad pueden acaso fijarse por casualidad los distraídos ojos de un viajero en el anuncio de algún objeto que necesite, y rápida como la visión que la despierta, venirle la idea de adquirirlo en el primer lugar poblado de su tránsito.




Francisco Díaz Covarrubias, "Viaje al Japón", Ediciones de Educación y Cultura, Puebla, 2008.

martes, 14 de octubre de 2008

Una de coches, camiones y bicicletas

Foto 1: un grupo de personas usa toda la calle para transportarse en coches particulares





Foto 2: el mismo grupo, transportándose en autobús.



Foto 3: si se mueven en bici, las mismas personas casi no ocupan espacio. Tampoco contaminan el aire, ni hacen ruido, ni les crece la panza, ni destruyen el ozono...

domingo, 28 de septiembre de 2008

El cielo que ya no vemos


El propósito principal de la iluminación en las calles, es proveer niveles de iluminación seguros para los peatones y los autos; sin embargo, millones de personas que viven en las ciudades no pueden ver el cielo nocturno debido a la luz que lo ilumina innecesariamente. A simple vista el ojo humano puede observar seis mil estrellas, pero en las ciudades difícilmente se alcanzan a ver más de unas cuantas decenas. Según la NASA, dos tercios de la población mundial ya no pueden mirar hacia arriba y observar nuestra galaxia, la Vía Láctea, formada por cerca de 100 mil millones de estrellas que, durante el verano, en el hemisferio norte aparece como una franja que va de un extremo al otro del horizonte.

La mayor contribución a la contaminación lumínica proviene de la red del alumbrado público, cuyas luminarias no tienen pantallas correctamente diseñadas para enviar luz sólo adonde se necesita e impedir la propagación de luz por arriba de la horizontal. Por otra parte, los aerosoles en la atmósfera esparcen la luz, es decir, cambian de dirección que reciben, y este proceso se repite en función del número de partículas suspendidas. Es esta luz dispersada la que crea el resplandor que se ve a kilómetros de distancia cuando uno se aproxima a una ciudad. En las áreas más contaminadas de luz, la noche no llega a ser realmente oscura sino que tiene brillo similar al del crepúsculo, que es cuando el Sol se encuentra entre 6 y 12 grados bajo el horizonte.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de la mala iluminación es el de las luminarias esféricas, muy comunes en algunos de los centros históricos de nuestras ciudades, ya que toda la luz del hemisferio superior se va directamente hacia arriba. Algunos edificios se iluminan de abajo hacia arriba con el fin de resaltarlos, y qué decir de los anuncios espectaculares o las instalaciones deportivas como los estadios de futbol. La iluminación en sí misma no es un problema, se vuelve un problema cuando es excesiva, pobremente diseñada, mal instalada o sin un mantenimiento adecuado.

Los primeros en abordar el problema fueron los astrónomos, ya que los observatorios requieren lugares muy oscuros para poder detectar señales extremadamente débiles. En las primeras décadas del sigo XX los observatorios se ubicaron en lugares relativamente altos, no muy lejos de las ciudades para asegurar las vías de acceso. Sin embargo, en el curso de unas cuantas décadas las condiciones cambiaron de manera drástica hasta el punto que fue necesario ir mudando los observatorios a lugares más alejados de las ciudades, pero el ritmo de crecimiento urbano ha sido tal que incluso los observatorios alejados de las ciudades sufren, a cierto nivel, los efectos de la contaminación lumínica.

En México el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) inaugurado en 1878 tuvo su primera sede en la azotea de Palacio Nacional; en 1882 se trasladó a la Villa de Tacubaya, a ocho kilómetros del centro de la ciudad de México. En 1942 se puso en operación el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Puebla, y en 1961 el OAN inauguró un nuevo telescopio ahí mismo. Debido a la contaminación de luz de la ciudad de Puebla, en 1979 el OAN se trasladó al parque nacional de San Pedro Mártir, Baja California, donda ya las luces de las ciudades cercanas amenazan la oscuridad del cielo.

Los astrónomos estudiaron el problema, midieron los efectos de la contaminación en diferentes frecuencias en los sitios astronómicos y a través de la Unión Astronómica Internacional (UAI)1 convocaron al Internacional Council of Scientific Unions (ICSU) y a la UNESCO. Como resultado de las tres organizaciones emitieron un a “Declaración sobre la reducción de los impactos ambientales adversos a la astronomía” en París, en julio de 1992, 2 en la que declaran que:

…el cielo nocturno con sus bellas estrellas y su mensaje de nuestro lugar en el Universo es un tesoro de la humanidad del cual depende el conocimiento de nuestro origen y destino, y que la astronomía es una de las ciencias más fundamentales, apreciadas y accesibles.

Sin embargo, notamos que los efectos de la civilización, de los cuales se nutre nuestra ciencia, están produciendo un medio ambiente que tiene una influencia negativa desesperadamente seria en la astronomía. Los cielos que han sido, y siguen siendo, inspiración de la humanidad, se han vuelto inaccesibles y aun desconocidos para las generaciones más jóvenes. Un elemento esencial de nuestra civilización y cultura se está perdiendo rápidamente, y esta pérdida afectará a todos los países de la Tierra.

Creemos que es un problema global que debe ser abordado por organizaciones intergubernamentales y solicitamos a la UNESCO y a la ICSU que use todos los medios a su disposición para apoyar a la astronomía, para preservar los mejores sitios astronómicos con una protección adicional para designarlos sitios patrimonios de la humanidad; que inste a los países miembros a crear una protección legal de sus observatorios principales en un esfuerzo para preservar condiciones de observación privilegiadas sin contaminación…

En algunas ciudades cercanas a los observatorios se han aprobado “leyes del cielo” conscientes en un conjunto de medidas tendientes a garantizar la calidad astronómica del sitio en cuestión, entre las que se encuentra la obligación de usar cierto tipo de luminarias exteriores que garanticen una iluminación efectiva al suelo. Existen también acciones complementarias, por ejemplo, que los espectaculares y la iluminación de los edificios históricos se apaguen después de cierta hora. Ello se ha logrado sólo en unas cuantas ciudades del mundo, pequeñas y medianas, como Flagstaff y Tucson, Arizona; Kona, Hawai; Santa Cruz de la Palma en Islas Canarias y recientemente en Ensenada, Baja California.

La contaminación de luz no sólo afecta el cielo nocturno sino que es un problema ambiental que altera la vida cotidiana de millones de personas y de variadas especies. Además del aumento en el brillo del cielo se identifican otros tipos de contaminación lumínica: el deslumbramiento es producido por el brillo intenso, incómodo a los ojos, que aparece cuando la fuente de luz es más brillante haciendo que los alrededores se vean más oscuro. La luz parásita ilumina donde no es necesario o requerido y ocurre cuando va más allá de donde se encuentra el blanco, iluminando la propiedad adyacente. El sobrealumbrado aparece cuando los niveles de luz sobrepasan los necesarios para la tarea, bajo el principio de que mientras más luz, mejor.

La producción de electricidad a partir del uso de combustibles fósiles contamina continuamente la atmósfera, produciendo gases que contribuyen al efecto invernadero. De ahí que reducir la cantidad del consumo de electricidad evitando desperdicios y a la vez garantizando un nivel de iluminación efectivo y seguro para las casas, las calles y los edificios públicos debería ser una prioridad de todos los gobiernos. No lo es.

Existen mapas del mundo creados con imágenes de satélites en los que los contingentes quedan perfectamente delineados justamente por la luz que emiten hacia el cielo. Los países más desarrollados son los que producen mayor contaminación lumínica, así que las partes más oscuras están en África o bien en regiones no habitadas como el Amazonas, los desiertos, el norte de Rusia o de Canadá. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, por medio de un programa de satélites meteorológicos (Defense Meteorological Satellites Program, DMSP), permite observar el nivel de energía perdida al cielo en kilowatt hora por kilómetro cuadrado-

Al analizar imágenes tomadas por el sistema DMSP, las autoridades de la ciudad de Calgary se percataron de que la contaminación lumínica era mucho mayor que en otras ciudades de Canadá. En esa ciudad de un millón 200 mil habitantes, se estimaba que dos millones de dólares del erario se iban al cielo cada año, por lo que decidieron llevar a cabo un ambicioso programa, entre 2002 y 2005, consiste en modificar las 37 mil 500 luminarias de las calles residenciales, transformándolas en unas de bajo consumo de potencia con lentes planas que concentran la luz hacia abajo. El costo fue de 6.6 millones de dólares. Tres millones fueron aportados por los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y el resto se recuperará a través del ahorro en electricidad. Entre los beneficios se consideran el ahorro de energía y dinero, reducción de los gases del efecto invernadero, disminución del deslumbramiento con el consecuente aumento de visibilidad, mitigación de la contaminación lumínica y el mantenimiento de un nivel de iluminación seguro. Un ejemplo a seguir.

En distintos lugares del mundo, como la República Checa, Lombardía, Cataluña, Islas Canarias, Maine y Arizona, Bisei en Japón y Calgary, se han hecho esfuerzos serios por disminuir la contaminación lumínica. En algunos casos, como el de Inglaterra, se reconoce explícitamente el valor añadido que tiene para la sociedad que los niños se acerquen a la ciencia motivados por actividades de observación del cielo en donde viven.

En México el argumento de que el cielo nocturno es parte del medio ambiente y que el desperdicio de luz en sus diferentes formas implica una pérdida de energía y de recursos no pareció ser un buen argumento para convencer a las autoridades competentes. Cuando se modifico la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1997, presentamos una iniciativa de modificación al artículo 155, misma que no fue aprobada, pero la ley vigente ya establece que: “quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y la generación de contaminación visual en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales que para ese efecto expida la Secretaría”. Sin embargo, en el caso de la contaminación lumínica no existe todavía una norma ambiental.

Existen normas oficiales mexicanas de la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía que establecen los niveles máximos y mínimos de potencia de las luminarias exteriores o las características de los productos electroluminarios para uso en interiores y exteriores.3 No obstante, no se específica que las luminarias deban proyectar la luz exclusivamente hacia abajo.

De acuerdo al boletín de prensa de la Secretaría de Energía, el programa piloto Ahorremos energía para vivir mejor, anunciado por el presidente Calderón en junio pasado, consiste en otorgar apoyos a través del gobierno federal para sustituir electrodomésticos antiguos por equipos modernos. Su fase experimental se realizará en 11 municipios de Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, sustituyendo 11 mil refrigeradores y 11 mil equipos de aire acondicionado, además de 152 mil focos ahorradores. El gobierno calcula que podrá reducir el gasto de 632 mil barriles de petróleo y se dejarán de emitir 252 mil toneladas de bióxido de carbono. Cuánto más se ahorraría con un sistema de alumbrado público eficiente.

La ONU declaró el 2009 como el Año Internacional de la Astronomía 4 (IAY2009, por sus siglas en inglés), conmemorando el 400 aniversario del uso del telescopio por Galileo, quien realizó por primera vez observaciones sistemáticas del cielo usando ese novísimo instrumento. La visión del IAY2009 “es ayudar a los ciudadanos del mundo a redescubrir su lugar en el Universo por medio de la observación del cielo, tanto diurno como nocturno, y de ahí despertar la inquietud de descubrir. Todos los seres humanos deben darse cuenta del impacto de la astronomía y las ciencias básicas en la vida cotidiana y entender mejor cómo el conocimiento científico puede contribuir a una sociedad más equitativa y pacífica”.

Qué mejor forma de intentar redescubrir nuestro lugar en el universo que tratando de recuperar el cielo nocturno, optimizando el uso de energía eléctrica en las ciudades donde habita la mayoría de la población del país.


Esperanza Carrasco Licea

Nexos, septiembre 2008



1 La Unión Astronómica Internacional (UAI), fundada en 1919, promueve y salvaguarda la astronomía en todos sus aspectos a través de la cooperación internacional. Sus miembros son astrónomos profesionales de todo el mundo. Entre sus tareas se encuentra la de dar nombres a los objetos descubiertos

2 McNally, D. (1994): The Vanishing Universe. Adverse Environmental Impacts on Astronomy, Cambridge University Press.

3 NOM-013-ENER2004, NOM-064-SCFI-2000

4 http://www.astronomy2009.org/

jueves, 25 de septiembre de 2008

Milagro en Puebla, por Sergio Mastretta. Primera parte

Milagro en Puebla

Por Sergio Mastretta

Primera parte

-¿Quién es toda esta gente?

-Pobres.

-¿Y qué hacen aquí?

-Qué se yo, pero los echamos cuando queramos.

-¿Usted cree?

-Fácil, si zapatea escapan enseguida.

-No me parece fácil echarlos.

-Dice que no es fácil echarlos, ¡Por favor!

(De la película Milagro en Milán, de Vittorio de Sica. 1951)

El Estado poblano con Mario Marín: policías del gobierno estatal armados con metralletas que toman por asalto un parque público custodiado legalmente por una organización civil. O la matria nuestra –diría el historiador Luis González— de Puebla Verde, A.C.: la acción ciudadana por la recuperación ambiental de una ciudad cercada y sometida por la voracidad de sus gobernantes metidos de lleno en la especulación inmobiliaria. Es una historia de 20 años: el Megaproyecto Angelópolis como acción de Estado para el ordenamiento urbano y ambiental de la ciudad de Puebla o el negocio desde el poder gubernamental con la venta privada de 10 millones de metros cuadrados expropiados a campesinos por causa de utilidad pública.

En el mejor estilo de Maximino Ávila Camacho, el dictador poblano de Arráncame la vida, los gobernadores al asalto inmobiliario.

El que llega, arrebata

En Puebla vivimos en la república del abuso legal: la apropiación del poder público por un grupo, por una persona, que con el sometimiento de los poderes legislativo y judicial, y el control y compadrazgo de los medios locales de comunicación, mantiene en indefensión a los ciudadanos. Lo público es aderezo de una variada gama de espacios vitales que explican la existencia misma del Estado: poder, derecho, propiedad, fuerza, seguridad, política, recursos, cuenta, proyectos, licitación, servicio, función, utilidad, escritorio, oficina, edificio, vía, alumbrado, drenaje, salud, educación, escuela, universidad, ejercicio, parque, playa, medios, comunicación, denuncia, etc. Frente a todos esos espacios de lo público nos definimos como sujetos de un Estado, ciudadanos de una nación. Suena bien luego de tantas décadas de autoritarismo priista, y cuidado que muchos hemos llegado a creer en ello. Pero la disputa por lo público en México se da en territorios, demarcaciones y potestades regidos por una indefinición jurídica ganada a pulso por un Estado que se especializa en dejar en la indefensión a sus ciudadanos. Sin importar el orden y la dimensión del problema, hay una calidad indefinida de lo público, un espacio enorme de vacío legal tallado desde el poder político, que igual permite contratos anticonstitucionales en Pemex como desconocimiento de convenios legalmente establecidos entre un gobierno y un grupo de ciudadanos. Y en la era de los omnipotentes gobernadores en estados como Puebla, todo se resume en el exceso del poder público.

Esta es la crónica de una ciudad cortada a tajo por sus contradicciones y sus ríos, perfilada por el trazo estricto de sus calles y la armonía de sus casonas históricas y las convulsiones anárquicas de sus avenidas modernas y la monotonía universal de sus desarrollos comerciales capitalistas. Es la historia de los excesos del poder en su trama despiadada y fría contra la acción civil que le cuestiona y le sobrevive. La memoria de veinte años de una ciudad que ha sufrido siempre por la sinrazón de sus regentes, capaces de disimular la lógica de sus intereses personales y de grupo tras el velo de las políticas públicas de planificación y desarrollo urbano, con la ley de su lado y el garrote que la hace valer en la mano.

Pero también es la narración de un esfuerzo concreto de ciudadanos por el que se comprueba que en México, contra lo que se diga, existe la sociedad civil.

1.- El poder y la indefensión legal

Son mis jueces, papá…

Viernes 18 de julio, 3 de la tarde, los juzgados civiles han cerrado y se van de vacaciones quince días. Estamos en la entrada principal del llamado Parque del Arte en la ciudad de Puebla, una extensión de 12.7 hectáreas en el corazón de Angelópolis, el proyecto de desarrollo urbano para el sur-poniente de la ciudad imaginado por Manuel Bartlett como gobernador en 1993, rescatada en su uso de suelo como área verde tras diez años de abandono gubernamental por la asociación civil Patronato Puebla Verde, que lo custodia y administra desde el mes de agosto del 2004 por convenio con el gobernador Melquiades Morales Flores, a través de la figura de un fideicomiso. “Se trata de la joya de la corona”, han dicho los funcionarios del gobierno marinista. Y la quieren para sí.

Dulce Pastelín --así se llama, y no hay lugar para realismos mágicos--, quien se ostenta como representante legal tanto del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl como del fiduciario Bancomer –en clara violación de la ley sobre funcionarios públicos--, y sin importarle que está de por medio un juicio de amparo ante un juez federal, reclama el parque acompañada de un diligenciario del Juzgado Séptimo de lo Civil y una veintena de policías, todos de jurisdicción estatal, hay que decir. Afirman que la juez séptima ha ordenado un embargo precautorio del parque porque Puebla Verde no garantiza su buena conservación. Después se sabrá que el Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-quetzalzóatl ha puesto una demanda desde el 18 de junio pasado, sin que se haya notificado en forma alguna a la organización civil, y que han depositado ocho millones de pesos en efectivo como fianza exigida por la juez. El diligenciario presenta una orden sin firma que lee el abogado de Puebla Verde, que de inmediato aduce que están cometiendo un delito y que deben desalojar el lugar. El diligenciario, efectivamente, se retira. Dulce Pastelín se cuelga del celular, desde el que le giran instrucciones. Decide retirarse sin más explicaciones, pero regresa dos horas después, ya cerca de las 6 de la tarde, sin el diligenciario y sin orden alguna, pero acompañada por un contingente de más de setenta hombres armados con armas largas y chalecos antibalas, ni más ni menos, para romper cadenas y candados y tomar por la fuerza el parque. Una docena de reporteros atestigua que la funcionaria y los policías no presentan orden judicial firmada por un juez ni nada que se le parezca. Alcanzan a decir los asaltantes que los llamaron porque había disturbios en el Parque del Arte. Los representantes de Puebla Verde, así como los jardineros y vigilantes del parque, no oponen resistencia alguna, como no sea la de señalar la arbitrariedad de la fuerza pública.

Los reporteros denuncian la presencia de una policía especial --la llaman “guardia privada del gobernador” --, con sus autos y sus trajes y sus celulares negros en un tercer plano para los fotógrafos, paseándose contra la barda de piedra del fraccionamiento que el arquitecto/constructor/nieto de gobernadores/exsecretario de estado Federico Bautista, desarrolló ahí mismo frente al parque cuando era funcionario del gobierno de Melquiades Morales, con la fuerza suficiente para cambiar el uso del suelo de vivienda de interés social a residencial a las dos que compró con todo el conocimiento de causa del asegurado éxito inmobiliario por venir en los años siguientes, que ya pasaron, y que empiezan a ser recordados como los de los más brutales en la historia de especulación inmobiliaria en Puebla.

“Guardia privada”, dicen los reporteros… Algo así como el estado mayor de esta especie de república estatal en la que vivimos los poblanos.

La ciudad, los pueblos, el río

Vale una mirada larga, para entender mejor la decisión del gobierno y a la dimensión del esfuerzo de la acción civil sostenida por la organización ambientalista: la ciudad de Puebla, contenida por el Atoyac, su río más potente y occidental, ha mirado siempre hacia sus volcanes Popo e Izta al fondo de una letanía de pueblos campesinos resguardados contra el avance urbano por una ribera que baja de la montaña, la separa de Tlaxcala y se ahonda por los barrancones que desgarran la Malinche para cruzarla desde el norte. Son los pueblos cholultecas: San Lorenzo Almecatla, San Francisco Ocotlán, Cuautlancingo, Chiautengo, San Pedro Cholula, Momoxpan, San Andrés Cholula, Santa María Tonanzintla, San Luis Teohuiloyocan, Santa María Acuexcómac, Nealtican, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Bernabé, Santa Clara Ocoyucan. Durante años, en el siglo XX, el río contuvo el crecimiento de una urbe medrosa y pusilánime, atada a sus pasados de piedra, barro, raleas y jerarquías, que se fue alargando a lo largo de la ribera nororiental con dos únicos antiguos cruces, el del Puente de México al norte, por el rumbo de los molinos y obrajes textiles de la colonia y las fábricas de nuestra pequeña revolución industrial en las postrimerías del XIX, y el de Las Ánimas, que tendía sus vistas por los caminos reales hacia Atlixco en el sur. Pero no hay dique que contenga la voracidad de una ciudad mexicana desde la pobreza de sus masas y la avaricia de su oligarquía. Para el río se tienden puentes: el de la recta a Cholula, en los setenta, el de la Vía Atlixcáyotl en los ochenta, y todos los que han seguido como escaleras en el asalto de una fortaleza. Porque no es el río el obstáculo, sino la propiedad de la tierra, el ejido, la parcela que pulveriza toda pretensión concentradora, el derecho de posesión fundado en las guerras de los abuelos que nadie entiende a pesar de las mil lecciones y festejos cívicos, pero que dan cuenta de las ataduras que alcanzan lugar en los libros de historia. Así, hasta que los políticos expropian la tierra.

Entre 1990 y 1991, en una trama urdida por funcionarios estatales y federales, el gobierno federal proyecta el obligado reordenamiento del crecimiento de la ciudad de Puebla. Y el camino es el de la expropiación de las miles de hectáreas de maizales y pastizales al otro lado del río. Más allá de la probada corrupción del gobernador Mariano Piña Olaya, a la fecha impune, el proyecto es estratégico y se prolonga por tres sexenios más, planes y realidades de por medio, Tratado de Libre Comercio, crisis económica y explosión exportadora como aderezos. El 4 de mayo de 1992 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación formaliza la expropiación de 1081 hectáreas ejidales y dan fundamento a un proyecto elaborado por el gobierno de Manuel Bartlett en 1993, que imagina un nuevo orden urbano expandido sobre la tierra campesina: vivienda, comercio, industria, transporte, toda una urdimbre de vialidades para sostener una metrópoli que abarca diez municipios poblanos sin contar once tlaxcaltecas, que jamás entrarán en el proyecto. Y ahí, 110 hectáreas de áreas verdes para recuperar el mínimo equilibrio ecológico. Entre 1993 y el 2008, los gobiernos han impulsado por las vías legales e ilegales el cambio del uso del suelo, fundamentalmente desde el uso de preservación ecológica hacia el uso de vivienda residencial y el uso para comercio. Entre otras personas y grupos que levantan la voz en contra, las de Verónica Mastretta y la organización civil Puebla Verde denuncian una y otra vez la política sistemática de los gobiernos de Manuel Bartlett, Melquiades Morales y, últimamente, Mario Marín, que atenta contra el uso del suelo para áreas de preservación ecológica. Tan sólo en el régimen de Bartlett se cambia el uso de más de 80 hectáreas, para ubicar ahí el complejo de lo que hoy conocemos como “centro comercial Angelópolis”, diseñado por el despacho Sordo Madaleno, con las tiendas Liverpool, Samborns, Sears y Palacio de Hierro y las pantallas de Cinépolis como anclas para decenas de comercios plantados en lo que ha sido la punta de lanza del proyecto bartliano. 45 hectáreas más, que Bartlett bautizó como “Parque Metropolitano”, desaparecen para albergar ahí, y regalado sin explicación alguna al empresario Carlos Peralta, un parque de diversiones conocido como “Valle Fantástico” y, ya con Melquiades, pleito de por medio con Peralta, un campus del Tecnológico de Monterrey, 25 hectáreas de obsequio para los regiomontanos. De hecho, son las 12.7 hectáreas rescatadas de la feria inmobiliaria por Puebla Verde en el Parque del Arte en el 2004 lo único que se preserva como área verde en toda la llamada Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. En total, y con la figura del Fideicomiso Angelópolis, en los últimos tres gobiernos, más de 10 millones de metros cuadrados han sido comercializados por funcionarios bajo las órdenes de los mandatarios Bartlett, Morales y Marín. Por supuesto, sin rendir cuentas a nadie.

La joya de la corana

La historia del Parque del Arte, “la joya” de los terrenos expropiados en 1991, es el punto culminante de la trayectoria de los últimos cuatro gobernadores poblanos y su brillante oficio de especuladores sobre las 1081 hectáreas arrebatadas a los campesinos cholultecas por causa de utilidad pública. Sus 12.7 hectáreas, que en las cuentas de los funcionarios convertidos en desarrolladores inmobiliarios alcanzan un valor superior a los 600 millones de pesos, son las únicas que han sobrevivido al cambio de uso de suelo de preservación ecológica a comercial, habitacional y de servicios de las más de 110 proyectadas originalmente como áreas verdes. Cuando lo recibe del gobierno, en agosto de 2004, tras demandarlo por más de diez años, Puebla Verde hace un recuento del erial en el que estaba convertido lo que los funcionarios de Bartlett bautizaron como “Jardín del Arte”: 115 árboles vivos, sobre todo cedros, eucaliptos y algunos fresnos, centenares de toneladas de escombros arrojados ahí por los contratistas de las obras de la Reserva, una línea de 200 metros de asfalto, otra plancha de concreto para una calle imaginaria y un gran llano baldío, todo frente a los edificios del Hospital del Niño Poblano y la Universidad Iberoamericana. El proyecto presentado por Puebla Verde para reconstruir el parque estima una inversión 7.5 millones de pesos, de los que el gobierno pondrá 6 y el resto la agrupación civil. Así ocurre: cercado completo del área, construcción del bordo protector a lo largo del perímetro, extracción de cascajo, reconfiguración de suelos, construcción de tres lagos, pista para corredores, baños públicos y oficinas, instalaciones para la generación de energía eólica, rehabilitación de pozo profundo y la siembra certificada de 5 mil árboles de especies locales y centenares de bugambilias y magueyes para el bordo. A los tres años y medio de custodia, el parque sobrevive con sus propios recursos y cumple con todo lo proyectado en el momento de su creación.

La acción del gobierno de Mario Marín la desencadena un oficio del 28 de marzo del 2008, firmado por el Director de Ordenamiento Territorial de la SEDESOL federal, José Antonio LLovera. En él, la dependencia le informa al gobierno de Puebla que da marcha atrás a su consideración del 18 de febrero, oficio No. 312-223/2008, firmado por el mismo funcionario, relativa a la aprobación del cambio del uso de suelo de área verde a uso comercial, mixto y equipamiento en 60 hectáreas de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. La decisión es consecuente con lo denunciado por Anahí Romero, delegada federal de SEDESOL, y por un grupo de diputados locales y organizaciones civiles, Puebla Verde incluida, a la opinión pública días antes. Y es que los hechos son contundentes: “En general –dice sobre la Reserva Territorial Atlixcáyotl la funcionaria Romero en oficio No. 1141.2.1.0.0.237/2007 dirigido a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano de SEDESOL, Sara Topelson--, hemos observado un desvirtuamiento silenciosos y lento, pero muy efectivo, de los objetivos sociales que dieron origen a su creación”. Y dice más: “Se ha señalado la actitud constante del Estado de realizar los movimientos para cambio de uso de suelo y que después como hechos consumados los presenta para su regularización”. Con este proceso, dice la funcionaria, se incumple con lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos y se atenta contra lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al día siguiente, Bancomer, Fiduciario del Fideicomiso del Parque del Arte, manda un oficio a Puebla Verde para darle tres días hábiles para entregar el parque al Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Así de simple: luego de tres años de olvidar la solicitud de Puebla Verde por cambiar de fiduciario (Bancomer exige en agosto del 2004, al convenir los términos de la custodia por la vía de la figura del fideicomiso, 250 mil pesos por la apertura y 20 mil por renta, mientras que Santander ofrece apertura gratuita y renta mensual de mil pesos), el gobierno estatal intenta desconocer la custodia por seis años otorgada a la organización civil por el gobierno de Melquiades Morales Flores. El sábado 29, el gobernador Mario Marín se presenta en el parque, y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente presentan una maqueta con un proyecto de parque deportivo, e informan a la prensa de la intención del gobernador de tener un parque como el de San Antonio, en Texas: “Por aquí sobrevuela en su helicóptero –afirman--, y dice que Puebla debe tener un parque como el texano”. Siguen cinco días febriles, de movilización civil por un lado y de campaña mediática contra Puebla Verde por el otro. En particular TV Azteca Puebla, franquicia propiedad del empresario Raymundo Alonso, calumnia y difama a la organización ambientalista en todos sus noticieros; hijo de empresario molinero y comerciante automotriz tiene concesionado el teatro Siglo XXI, espacio cultural propiedad del gobierno, vecino del parque, y no resiste la tentación reclamar a Mario Marín por los eventos de espectáculos musicales realizados por la empresa CIE, cuatro en total en cuatro años, de los cuales Puebla Verde obtiene recursos para financiar la operación. Puebla Verde, contra la oleada de medios locales, logra una cobertura de medios nacionales (Televisa, Radio Fórmula, Milenio, Reforma) suficiente para contrarrestarla. Y recurre al amparo federal como mecanismo legal de defensa. La suspensión provisional que otorga el juez paraliza al gobierno. Siguen cinco semanas de presentación de pruebas e interrogatorios, y la reiterada negativa de los funcionarios estatales a tener pretensión alguna sobre el parque. El juez, finalmente, no otorga la suspensión definitiva ante la negativa del acto reclamado. Pero el juicio sigue.

El viernes 3 de julio los policías de Mario Marín asaltan el Parque.

2.- Política y acción civil

Son historias paralelas, la del político y la de la acción ciudadana, y se pueden seguir en una línea de veinte años que ha durado la transformación política de México: la del abogado-burócrata que escala peldaño tras peldaño de sí licenciado o me la debes me la pagas hermano, concertaciones entre ofendidos, atoles y verbos para los descontentos, abrazos y tribunas, trabajos sucios o transparentes, desayunos y embutes con periodistas, oficios firmados y acuerdos ocultos en las oficinas de Gobernación, superando uno a uno a sus jefes-maestros (el abogado magistrado Guillermo Pacheco Pulido, los gobernadores Melquiades Morales y Manuel Bartlett); y la de la organización civil que inicia su carrera ambientalista en una antesala de la presidencia municipal para pedir por primera vez la custodia de un espacio público, la abandonada Laguna de San Baltasar, en 1987, y que se convierte en una de las organizaciones ecologistas en Puebla con un trabajo sistemático probado en defensa del medio ambiente por las siguientes dos décadas. Entre uno y otra, una interrogante mal comprendida y cuya respuesta concreta en la historia reciente de una ciudad define con precisión la tan llevada y traída ausencia del estado de derecho en nuestro país: de qué hablamos cuando las acciones del Estado se sustentan en las llamadas “causas de utilidad pública” y, precisamente tras esa figura jurídica se desatan acciones gubernamentales abiertamente contrarias a un desarrollo social, urbano y ecológico armónico y justo.

El político

Mario Marín, nacido en 1955 en Natívitas Cuatempan, una pequeña comunidad de la región mixteca del sur de Puebla, sale muy niño a estudiar la primaria en el internado "General José Amarillas", en Tlaxcala. Su ascenso en la escala del poder inicia en las aulas de la Universidad Autónoma de Puebla, en Leyes –de entonces sostiene amistad con dos de sus camaradas claves en lo que los reporteros llaman la “burbuja marinista” (el notario Mario Montero, actual secretario de Gobernación, hijo del viejo periodista del régimen priista poblano, Enrique Montero Ponce, y Valentín Meneses, ahora Secretario de Comunicaciones y Transportes, sobreviviente como director de Comunicación Social del colapso del “góber precioso” en febrero del 2006). Su primer cargo público memorable lo encuentra en 1987 como secretario particular de Guillermo Pacheco Pulido, uno de los cinco santones de la política local, entonces presidente municipal; antes se encarga de la Mesa de Recursos e Inconformidades de la Oficina de Rezagos y Ejecuciones del propio Ayuntamiento. De hecho, Marín se especializa como secretario particular, pues lo fue de cinco secretarios de gobernación, un procurador y los jueces del Tribunal Superior de Justicia.




Logra el cobijo del gobernador Manuel Bartlett, que lo nombra subsecretario de Gobernación en los primeros años del régimen bartlista, y termina como Secretario antes de alcanzar la candidatura a la presidencia municipal, que gana en una de las más controvertidas elecciones, en 1998, denunciadas por panistas y perredistas como fraudulentas, una crisis que librará por el respaldo final del líder nacional del PAN en aquel año, Felipe Calderón Hinojosa. Con un enorme gasto de imagen en medios, termina la presidencia con altos índices de popularidad en las encuestas, que no evitan la derrota del PRI ante el candidato panista en el 2001. Marín suspende temporalmente su carrera de funcionario para preparar su candidatura al gobierno estatal en el 2004, aunque se cura en salud, pues logra que el gobernador Melquiades le compre un seguro de vida al nombrarlo notario en febrero del 2002. Siguen dos años de derroche de habilidades y carisma políticos para ganar sin dificultad la puja al candidato melquiadista. Un socarrón militante de la izquierda local, Gaudencio Ruiz García, bromea con una profecía: “de norte a sur se oye un clamor, Mario Marín Gobernador”. Lo que sea, inteligencia y disciplina, amarres y compromisos, se suman a la gracia de los panistas, decididos a coronar su corrosión interna en Puebla con el regalo en bandeja de la victoria marinista.

Marín asume la gubernatura en enero del 2005. La primera novedad la encuentra en el acceso al dinero federal con los excedentes de PEMEX, que permiten hablar de presupuestos anuales superiores a los 30 mil millones de pesos. De inmediato toma decisiones que se esperaban: se deshace de buena parte de los políticos ligados a Melquiades Morales; y en buena medida hace lo propio con los bartlistas. De hecho, su gabinete se configura en puestos claves con hombres muy cercanos: Xavier García Ramírez como Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Valentín Meneses en Comunicación Social; Mario Montero en el PRI. Y un financiero sin trayectoria política en la poderosa Secretaría de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar. Crea la Secretaría de Medio Ambiente, pero la deja fuera de un proceso fundamental: la regeneración de la cuenca del Atoyac, con el territorio de Valsequillo al sur de la ciudad como nuevo entorno de especulación inmobiliaria. Y le da la tarea y los recursos a Javier Sánchez Galicia, su empresario publicista y su funcionario de comunicación social, para el control de los medios. Todo va de maravilla hasta la mañana del 14 de febrero en la radio, con las grabaciones del gober precioso, la grotesca figura del textilero Kamel Nacif y la criminal secuencia contra la periodista Lidia Cacho. La elección presidencial y la obligada alianza de Felipe Calderón con el PRI, en un año terrible para Mario Marín, permiten su sobrevivencia, a extremo tal que la Suprema Corte de Justicia lo libera de toda persecución política y penal.

2008 es su cuarto año en el gobierno, el cenit.

La acción ciudadana

Puebla Verde arranca su carrera como ONG ambiental también en los años ochenta. En 1987, con la creación del Patronato Puebla Verde y una línea de acción en la denuncia periodística (un video documental sobre la devastación de la Malinche y dos suplementos periodísticos en la revista Momento y el diario Cambio), un grupo de poblanos formado por profesionistas, empresarios y amas de casa se decide a participar abiertamente en la defensa del medio ambiente en el estado de Puebla. Al arrancar el gobierno municipal de Guillermo Pacheco Pulido, Verónica Mastretta participa en forma voluntaria en la Dirección de Participación Ciudadana. Ahí conoce a unos vecinos de San Baltasar que le hablan del abandono en el que se encuentra una laguna natural que ella conoció de niña. Realiza con los vecinos una jornada de limpieza de las orillas, y de ese grupo brota la idea de rescatarla. Una mañana de 1987 se encuentra en la antesala del presidente municipal Pacheco Pulido al dirigente de la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia, Simitrio; ambos llevan como tema el de la laguna de San Baltasar, uno de los vasos naturales de regulación en el sur de la ciudad, entonces convertido en un tiradero de escombro por los ejidatarios que con ese mecanismo le ganan poco a poco el terreno al espejo de agua, que, pedazo a pedazo, fraccionan; Simitrio tiene como consigna formalizar el uso del baldío como estacionamiento-paradero de combis, transporte floreciente en esa época, y que sus choferes han tomado, y hasta planos del proyecto lleva; Verónica lleva el proyecto de rescate, vía dragado y colector, operación y mantenimiento. Ahí mismo logran entenderse: Simitrio se desiste de su idea; Pacheco Pulido, intuitivo como político y consciente como funcionario de sus limitaciones, le abre el paso a la ciudadanía. Puebla Verde, de la misma forma que lo hará con Melquiades Morales para el Parque del Arte en el 2004, aporta recursos privados sin propósito de recuperarlos y que se suman a los invertidos por el Ayuntamiento para la rehabilitación de la laguna. 21 años después Puebla Verde mantiene la custodia sin recibir subsidio alguno por parte de gobierno alguno.

Esos años finales de los años 80 suponen la confirmación de Puebla Verde como ONG ambiental: participa intensamente en la denuncia de la depredación provocada por empresas como PEMEX, Hylsa, VW y muchas más en los centros industriales del corredor Puebla-San Martín Texmelucan; propone y logra la creación de un proyecto privado de manejo de residuos sólidos a bajo costo, ante la debacle de la recolección de basura en Puebla y las denuncias contra la corrupción de los funcionarios involucrados en el Departamento de Limpia, entre ellos el actual todopoderoso Secretario de desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno marinista, proyecto que se lleva a la realidad por Puebla Verde, a cargo de la recolección del sector sur-oriente en los años 1990-1994; a los tres meses de operación, la recolección empieza a ser autosustentable, el ayuntamiento cobra y las empresas pagan por el servicio. Este proceso de privatización del servicio de recolección de basura deriva, con el Ayuntamiento 1992-1995, a cargo de Rafael Cañedo, y de la mano controladora de Manuel Bartlett, en una licitación que Puebla Verde impugna por sus inocultables irregularidades que con mano negra otorgan la concesión al empresario constructor José Abed; el concurso se repite, pero la asociación ambiental se abstiene de participar nuevamente. También en 1989 Puebla Verde pide y obtiene la custodia del que hasta la fecha conocemos como Parque Ecológico, 70 hectáreas cercadas que por años conocimos como Aviación, convertido el viejo aeropuerto local en parque público por el gobernador Guillermo Jiménez Morales, quien lo inaugura el 18 de noviembre de 1986. Le siembra 10 mil arbolitos con todo y envoltorio plástico. Mueren todos. El nuevo gobernador, Mariano Piña Olaya, lo deja abandonado por cuatro años, hasta que Puebla Verde le propone la custodia para rescatarlo. “Se los doy –le dice Piña Olaya a Verónica--, pero no esperes del gobierno un peso para mantenerlo”. Como para la Laguna de San Baltasar, el gobierno le autoriza a Puebla Verde el cobro de una cuota mínima para el mantenimiento. Los árboles que hoy vemos en el Ecológico son en su mayoría los sembrados por Puebla Verde; el parque se administra sin subsidios con recursos generados por la recolección de basura y con una cuota de recuperación de dos pesos. En 1993, Manuel Bartlett imagina el parque para lo que no debe ser (museos, oficinas, etc.), le quita la custodia a Puebla Verde y construye en sus terrenos una planta de tratamiento de aguas residuales. Igual que con Mario Marín, sin mayores argumentos, pero finalmente de acuerdo y sin uso de la fuerza pública. El costo de operación del parque subió en un 400 por ciento en nóminas, esta vez a cargo del erario público.

Entre 1988 y 1993, Puebla Verde participa en la discusión nacional hacia la creación de una ley ambiental federal, y lo hace a través del llamado Consejo de Desarrollo Sustentable, al que representa con otros grupos mexicanos en la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992. Al año siguiente, Puebla Verde encabeza como organización civil ambiental el desarrollo de una reserva ecológica en el bosque propiedad de los campesinos del poblado Preciosita Sangre de Cristo, en la región del Iztaccíhuatl, con la participación del gobierno de los Estados Unidos como donador de 600 venados, y los gobiernos federal y estatal como proveedores de recursos económicos (traslado de los animales y cercado de las 416 hectáreas), y los propios campesinos, hasta la fecha, los propietarios del proyecto. Los años finales del siglo pasado y los que corren del presente, es decir, desde 1994 a la fecha, fueron para Puebla Verde los de la batalla perdida por la recuperación de la laguna de Chapulco, también en el sur de la ciudad, espacio abandonado y en riesgo de repetir la suerte de las lagunas de La Mora, Agua Santa y Castillotla, desaparecidas para dejar lugar a colonias populares y centros comerciales Aurrerá y Mercado Independencia, Chedraoui y Cinépolis. En los últimos trece años, a partir de la denuncia contra la venta ilegal de terrenos de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl realizada ante el entonces secretario de la Sedesol federal, Luis Donaldo Colosio –que deriva en la negativa de entrega de la Reserva al gobernador Piña Olaya--, Puebla Verde participa en la lucha sostenida contra el cambio en el uso del suelo llevada a cabo por los gobiernos de Bartlett, Melquiades Morales y Mario Marín, y por el reconocimiento de lo proyectado como áreas de preservación ecológica en el desarrollo Angelópolis del propio Bartlett, que originalmente destina más de 100 hectáreas para parques. Fue en el 2004 cuando, ya de salida, Melquiades Morales le otorga en custodia lo que quedaba de todo ello: el llamado Jardín del Arte, poco más de 12 hectáreas. Entre agosto del 2007 y marzo del 2008, Puebla Verde participa en la denuncia pública contra el propósito del gobierno estatal de cambiar el uso del suelo a lo que queda de áreas verdes en Angelópolis, que deriva finalmente, en el oficio del 28 de marzo por el que la SEDESOL federal da marcha atrás a su aprobación a los cambios. Al día siguiente, por la vía del Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, y con la complicidad de BVVA Bancomer, el gobierno inicia su campaña para arrebatarle el parque a Puebla Verde.

3.- Utilidad pública = especulación inmobiliaria

Sigue el dinero, afirma la vieja instrucción detectivesca

No hay que ir muy lejos para encontrar el móvil del crimen de la especulación: está escondido en la figura del Fideicomiso de la Reserva Territorial Angelópolis, y su fiduciario Bancomer, responsable de la venta de los 10 millones de metros cuadrados contemplados en el área expropiada y de la que no han dado nunca información al público. Yo tenía diez perritos, se dice en el canto de los incautos. Y es que hay una historia legal, escurridiza y truculenta, que no se ha contado en su profundidad, a pesar de que se remonta a los primeros años de la década de los sesenta, y más aún, a los tiempos de las dotaciones ejidales posrevolucionarias. Es una historia de abusos e impunidades la que da cuenta de la relación negativa para los pueblos originarios que tuvieron la mala fortuna de estar asentados en las inmediaciones de la antigua ciudad de Puebla. Por principio, un decreto gubernamental de 1962 despoja a los pueblos cholultecas de miles de hectáreas de su jurisdicción con el pretexto del ordenamiento del crecimiento de la llamada Angelópolis, y que, a la fecha, se mantiene en la indefinición jurídica, a pesar del larguísimo y complicado pleito entre las municipalidad de San Andrés y la capital poblana. Al día de hoy, en este julio que corre del 2008, gran parte de los comercios asentados en Angelópolis tiene que pagar impuestos a los dos ayuntamientos. Y han ido y peleado los abogados, y se han arrebatado papeles antiguos, y han orillado a definirse a la Suprema Corte, y no ocurre nada. Recolectores de basura de los ayuntamientos de san Andrés y Puebla pelean a pedradas la basura; los policías se enfrentan por el control de los territorios. Un ejemplo: El día del asalto al Parque del Arte por la policía marinista, el Ayuntamiento panista de San Andrés Cholula ofrece a Puebla Verde su intervención para evitar la toma, oferta en todo momento rechazada.

Rescatada por fortuna por Carlos Escamilla Guzmán, un restaurantero afectado por la expropiación, y que ha seguido la pista desde los primeros tiempos al proceso, cuando todavía gobernaba Mariano Piña Olaya, el gobernador que mandó al actual subsecretario de Gobernación con Mario Marín, Alberto Esteban Morelos, a vender los terrenos de Momoxpan y Tlaxcalancingo con un sobreprecio del 100 por ciento a empresarios poblanos, dinero que perderían una vez que el gobernador Manuel Bartlett desconociera lo realizado por su antecesor y arrancara formalmente con el Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Carlos Escamilla guarda notas de prensa, oficios administrativos, planos y proyectos, acuerdos y decretos, en un memorial que conserva como un monumento a la capacidad criminal de la maraña burocrática formada por el gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal, el congreso local, los juzgados locales y federales, las oficinas de catastro y registro público de la propiedad, los notarios y los despachos de abogados, las fideicomisos y los fiduciarios, los constructores y los inversionistas.

Todo empieza en 1990, con el decreto del 21 de diciembre publicado en el diario oficial: “Ordenar el crecimiento urbano de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuatlancingo”, afirma como propósito fundamental. Son 2900 hectáreas contenidas en el plano PR-9A. En su artículo primero se declara la utilidad pública y el beneficio social como motivo de la creación de la reserva territorial. En su artículo segundo se establecen los límites de la reserva en los planos PR-9A y PR-9B. El año siguiente, 1991, es el de las solicitudes de expropiación de los terrenos ejidales (el 13 de agosto, 140.8 has. del ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, en lo que hoy forma un conglomerado anárquico de servicios comerciales a lo largo de la Vía Atlixcáyotl, entre el puente de la 25 Sur y el Periférico; el 23 de agosto, otras 673 hectáreas del ejido de San Andrés Cholula; en las semanas siguientes, solicitudes similares de expropiación se publican en el diario oficial para los ejidos de La Trinidad Chiautengo, en el municipio de Cuautlancingo, y Momoxpan, en San Pedro Cholula). En ninguna de ellas se hace referencia a la existencia del decreto de 1962 que otorgaba todos estos territorios ejidales al municipio de Puebla.

Las expropiaciones llegan de inmediato. Para el ejido de San Andrés Cholula, con una dotación original de 756,6 hectáreas de fecha 15 de octubre de 1928, se producen entre 1991 y 1992, tanto para la autopista a Atlixco (10.97 has.) como para la reserva territorial (696.5 has.); para el ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, el 4 de mayo de 1992 (140.6 has.); para el ejido de Santiago Momoxpan, el mismo día (84 has.); y para el de la Trinidad Chiautengo, también con esa fecha (158 has.). El 19 de junio de ese año quedan inscritas en el registro público de la propiedad las 696 hectáreas del ejido de San Andrés. Días antes, el 4 de mayo de 1992, en el Diario Oficial de la Federación se publica el decreto que autoriza al ejecutivo estatal enajenar a título oneroso diversos predios por 1081 hectáreas que tendrían como destino de utilidad pública el de vivienda, comercio, la industria y el turismo.

Al entrar Manuel Bartlett, el gobierno federal elabora un Convenio de Transferencia de Reservas Territoriales que, bajo lo establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, obliga al gobierno estatal a someterse a la concurrencia de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para administrar la regulación y ordenamiento de los territorios expropiados, y le exige integrar a las colonias y fraccionamientos preexistentes dentro del Programa Regional de Desarrollo Urbano. El convenio se firma el 12 de abril de 1994, y le da 120 días al gobierno estatal para presentar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Puebla, que finalmente queda inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 9 de agosto de ese año. Bartlett crea inmediatamente el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl cuya función principal se cumple el 19 de diciembre de 1997, cuando el Programa Subregional de Desarrollo Urbano sufre su primera gran adecuación, con el cambio de uso de suelo a la mayor parte del área destinada originalmente como de preservación ecológica. Ya casi de salida, Bartlett logra una segunda modificación, que se publica el 18 de diciembre de 1998, para agregar nuevas hectáreas a la reserva, elevando la superficie sujeta al programa a 3083 hectáreas.

Melquiades modifica por primera vez el programa el 14 de junio del 2000 con el argumento de que la zona requiere de equipamiento comercial, vialidades y otros usos, y afirma que por la dinámica de la zona es necesario un esquema de modificación constante de los planes rectores de la reserva. Aunque esto no se aceptó legalmente, en la práctica permitió llevar a cabo una serie de operaciones que a la fecha se mantienen irregulares. En el 2002, el gobierno solicita cambiar zonas de áreas verdes para equipamiento educativo, para dar lugar a la llegada del Tecnológico de Monterrey, y por ahí cuela la existencia del parque de diversiones Valle Fantástico, con sus 25 hectáreas. Melquiades ofrece compensar la pérdida de áreas verdes, pero nunca se completan los procedimientos que incluían también una planta de tratamiento de aguas residuales y un proyecto de arquitectura de paisaje. Nada de esto se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

Mario Marín propone inmediatamente modificar usos del suelo en la reserva con el argumento certero de que existe un buen número de operaciones que han derivado en desarrollos y construcciones, pero que no tienen resuelta la regularización de la propiedad por el problema del uso del suelo. Pero una solicitud específica al gobierno federal se tiene en el oficio No. FPRTQA/DG/512/2007, del 19 de octubre del 2007, en el que “informa sobre el proceso de adecuación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano que regula la Reserva Territorial Atlxcáyotl-quetzalcóatl”. En él, Marín se compromete a adquirir y destinar para parque metropolitano el predio “Las Carmelitas”, de 8.5 hectáreas, y el predio “Castillotla”, de 5.4 hectáreas, para un total de 13.9 valoradas en 700 pesos el metro cuadrado, se obliga a desarrollar y ejecutar el “Proyecto de Arquitectura de Paisaje para el Boulevard Atlixcáyotl” y a cumplir con las especificaciones de impacto y riesgo ambiental generados por la planta de tratamiento localizada en la Reserva. Todo ello prometido con anterioridad y no cumplido tanto por Melquiades como por el propio Marín. A cambio, detalla los cambios que requiere para la reserva. En febrero del 2008, el funcionario de SEDESOL José Antonio LLovera confirma la procedencia de la propuesta del gobierno marinista. El 10 de marzo, la delegada federal en Puebla de la Secretaría, Anahí Romero manda el oficio No. 141.2.1.0.0.237/2008 a Sara Topelson Fridman, Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en la que “expresa su consternación” y expone el conjunto de anomalías existentes en la modificación declarada procedente por LLovera, y da cuenta de las denuncias realizadas por Puebla Verde. De entrada, el incumplimiento de leyes federales por parte de la Secretaría: la de Asentamientos Humanos y la de Medio Ambiente y Equilñibrio Ecológico. Y aporta elementos: en el decreto expropiatorio no se alude como causa en ninguna parte al uso comercial de la zona, y que “dentro de la superficie propuesta (por el gobierno de Marín) para cambiar el uso del suelo de un total de 58.18 hectáreas, más de 26 cambian de área verde o ecológica a uso comercial, de equipamiento o mixto, incluso 6.2 hectáreas cambian de preservación ecológica a uso para vivienda residencial media”. Y expone que “el gobierno no ha regularizado el total de las colonias que originariamente estaban asentadas en la zona y no ha concretado la escrituración de los desarrollos habitacionales de Cuautlancingo y San Andrés Cholula (Vivah 98 y Gobernadores), que sí justifican el uso social de la expropiación. Además, ante la incertidumbre en la seguridad jurídica de las viviendas ha provocado movimientos recurrentes de invasión, venta y reventa de viviendas”. Y remata con el hecho de que el gobierno estatal ofrece en compensación por el cambio de uso de suelo al parque metropolitano (de 46.1 hectáreas valoradas actualmente en 4,500 pesos el metro cuadrado) , es decir, por terrenos a los que en la práctica les han dado uso de equipamiento (Tec de Monterrey y Valle Fantástico), dos predios fuera de la Reserva (Las Carmelitas y Castillotla) valorados en 700 pesos el metro cuadrado, de tan sólo 13.9 hectáreas.

Las quejas llegan al presidente Calderón y a su secretario de Desarrollo Social, Carlos Cordero. El 28 de ese mes, el propio LLovera le informa al gobierno poblano de la marcha atrás del gobierno calderonista. Al día siguiente, El gobierno de Mario Marín inicia su cargada contra Puebla Verde, que termina con la toma ilegal del Parque del Arte. Tres semanas después, Anahí Romero es destituída de su cargo como delegada federal de Sedesol.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

Milagro en Puebla, por Sergio Mastretta. Segunda parte

Milagro en Puebla

Sergio Mastretta

Segunda parte

todos necesitamos una cabaña para vivir y dormir.

todos necesitamos un poco de tierra donde vivir y morir.

todos necesitamos un par de zapatos, algo de leche y un poco de pan.

esto se necesita para creer en mañana.

(De la película Milagro en Milán, 1951)

Los negocios del poder

Se cayó el sistema, bienvenido señor gobernador

Los 18 años que van de 1990 al 2008 atrapan a los cuatro gobernadores poblanos (Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Días, Melquiades Morales Flores y Mario Marín) en el éxtasis de la explosión inmobiliaria con un valor añadido: la caída del PRI, el retroceso del poder federal y del presidente de la república y la llave abierta de los excedentes petroleros para los gobiernos estatales. Casi el paraíso. Las que siguen, en cuatro tantos, son viñetas que ilustran un proceso sistemático pero anárquico de despojo de la tierra campesina de los pueblos cholultecas siempre de la mano de los gobernadores. Porque Mario Marín no se explica sólo por sí mismo. Es una secuencia. Sus actos son parte de una construcción antigua, burocrática y autoritaria, antropófaga y autorrenovable de los hombres en el poder. Su trayectoria es un episodio revelado antes en acciones similares realizadas por hombres que recorrieron escritorios y pasillos idénticos, caravanas y compadrazgos, albazos y traiciones, conquistas y crímenes que con el paso del tiempo y de los regímenes han dado forma al sistema que, antes de la debacle priista, fácilmente entendíamos cuando después de sesudos análisis y devaneos para dar con hipótesis inteligentes, concluíamos en que todo se explica desde la óptica de un gánster. Marín ahora está en la cúspide cortesana de unos hombres en el poder que se han reproducido siendo fieles a la lógica de sus reglas: el de arriba manda hasta que otro, o yo mismo, llegue a la cima. Y a ella se llega simplemente para hacer negocios. Las que siguen son imágenes sueltas, casi todas escritas de memoria y desde los apuntes de crónicas escritas entre 1987 y el 2007. Cuatro gobernadores, cada uno en su estilo, volcados a los negocios públicos con el sanbenito de la utilidad pública.

Rapiña Olaya

Penúltimo dedazo en la historia poblana –Manuel Bartlett cerraría el ciclo de los gobernadores impuestos por el presidente de la república--, compañero de banca de Miguel de la Madrid, totalmente ajeno a la realidad del estado --se acomodó a la burocracia heredada por el régimen de Giménez Morales y tendría en el hermano del exgobernador a su operador político y verdadero poder detrás del trono, a pesar de no otorgarle formalmente cargo alguno--, Mariano Piña sufrió el abandono del presidente Salinas –a pesar de un cacareado anuncio de inversión pública en 1989 por 430 mil millones de pesos de los de antes de que le quitaran tres ceros a nuestra quebradiza moneda, no hubo respaldo federal alguno para el desarrollo de obra pública--, y sobrellevó el sexenio sin compromisos mayores, como no fueran los de contribuir a procesos que le superaban, como el del desmantelamiento del contrato laboral de la automotriz Volkswagen con su sindicato (1988-1992), con el exitoso papel de represor y rompehuelgas para la fuerza pública, o el de cumplir con dos añejas encomiendas de los grupos económicos y políticos locales, que llevó fervorosa y ferozmente a la práctica al desbaratar el movimiento urbano-popular (con el encarcelamiento y persecución de los dirigentes de la organización 28 de Octubre y con el asesinato de Gumaro Amaro, cabeza del explosivo pero efímero movimiento de amas de casa de las colonias perdidas del sur de la ciudad), y al recuperar para el PRI el control de la Universidad Autónoma de Puebla (1989-1991). Sin embargo, encontró en la tierra de los campesinos cholultecas la veta para los negocios privados tras la consigna de la utilidad pública.

+ Del Programa de Desarrollo Urbano elaborado por la administración del expresidente municipal Marco Antonio Rojas Flores: Entre 1980 y 1992 la ciudad creció 36.5 kilómetros cuadrados. El 49 por ciento de esta área anexada por la Metrópoli fue aportada por terrenos ejidales. El valor comercial de la tierra se incrementó, en esos doce años, 38 veces, con una diferencia del 5000 por ciento en relación a su valor catastral. Un dato más: en el 52 por ciento del área anexada por la ciudad no se respetaron los ordenamientos con respecto al uso del suelo, y los cambios se hicieron a favor de usos habitaciones y en contra del uso agropecuario. En la página 60 del referido Programa dice: “Y lo más grave, quizá, es que se alteran en forma negativa las direcciones del crecimiento de la mancha urbana sobre terrenos que no siempre resultan los más aptos para este fin, caso concreto al poniente de la ciudad, sobre los terrenos ejidales con alta capacidad agrícola, principalmente en los municipios de Cholula”.

+ Febrero de 1988, es la temporada de seca en la ciudad de Puebla. Verónica Mastretta y el delegado federal de la SEDUE, Francisco Castillo Montemayor –actual Secretario de Medio Ambiente del gobierno de Marín, y quien recibe el Parque del Arte luego de la toma policiaca del 3 de julio--, visitan la escuela primaria federal en las inmediaciones del basurero de la ciudad de Puebla, que a 200 metros del estadio Cuauhtémoc tapona la barranca de Xaltonac con miles de toneladas de desperdicios. El zumbido infernal impide que el funcionario y la ciudadana escuchen las quejas de las madres de familia en el salón de clases; las moscas invaden todo, están en el salón y cagarrutean el pizarrón, están en las cocinas del vecindario y ennegrecen los cables eléctricos de los que cuelgan bombillas moteadas. “No se puede vivir así”, les dicen. Días después, Castillo Montemayor le clausura a la ciudad el basurero y arranca así un pleito largo con García Ramírez, el actual Secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de Marín, la cabeza más visible de su espíritu emprendedor para los negocios con recursos públicos. García Ramírez es entonces el responsable de la maquinaria en el Departamento de Limpia del ayuntamiento que, por cierto, no funciona; pero no hay problema, el aplicado funcionario tiene su propia flotilla de bulldosers y manos de chango, faltaba más, por una módica renta no dejarán de planchar sobre la barranca los desechos insondables de los poblanos.

+ Todos necesitan tierra. Ni qué decir de la automotriz Volkswagen. Y para eso están los pueblos maiceros, antiguos proveedores de la ciudad. En los sesenta les plantaron sobre terrenos de San Lorenzo Almecatla, que hasta los noventa alegaban contra la expropiación mal pagada. Ahora los alemanes han comprado en los ochenta un predio aledaño a la planta al poniente, y lo han hecho antes incluso de que se construya el parque Vocho, al oriente, que albergará las fábricas externas que sostendrán la reconversión de la armadora en la principal exportadora de autos fabricados en México hacia el mercado de Estados Unidos –en este 2008, con todo y crisis americana, producen mil 800 autos al día--. Pero como siempre, en el negocio no han entrado los campesinos, que se insubordinan y toman el predio. Son del poblado de San Francisco Ocotlán, el de la hermosa iglesita amarilla que se mira en la loma antes de llegar a Puebla desde la autopista. El desalojo ordenado por Piña Olaya deja un anciano muerto a toletazos por una fuerza pública que sienta sus reales en los alrededores de la armadora: gases lacrimógenos y perros policía cercarán y apalearán a los obreros huelguistas.

+ 1992, último año de gobierno de Piña Olaya, las expropiaciones en el territorio cholulteca han procedido. Tres de sus operadores (un licenciado Altieri, el inefable Victor Hugo Islas y el subsecretario Alberto Esteban Morelos) y el propio gobernador ofrecen a quien se deje de los empresarios de la ciudad los terrenos, como dicen ellos, “a 40 y 20”. No se conoce el número de las operaciones realizadas, pero se estima que pudo llegar a las trescientas. Pronto circularán entre las manos de compradores y prospectos, escrituras que legalizan las operaciones de Alberto Esteban Morelos, particularmente desde la Notaría No. 46, del Lic. Joaquín Briones Amador. También está muy activo Mario Montero, entonces y ahora notario en San Pedro Cholula. Los interesados pagan 40 pesos por metro pero sólo se ingresan 20 en Tesorería. Algunos de los compradores: la familia Pandal, donde quedó la Ford Mylsa; Kámel Nacif, con cien hecáreas en Momoxpan, al que la fuerza pública ayudará con maquinarias y toletes en el desalojo violento de los avecindados el 3 de enero de 1993, doce días antes de la toma de posesión de Manuel Bartlett. Tumban bardas y casas, ni mucho menos perdonan un lustroso templo metodista. Los colonos apedrean el helicóptero en el que el textilero y entonces desconocido empresario de origen libanés. De esa trifulca saldrá Pepe Momoxpan, actualmente diputado local por sí mismo y bajo las siglas del Partido del Trabajo, cabeza principal de un aguerrido movimiento opositor a los negocios inmobiliarios del gobernador.

Así lo cuenta en el 2008 el diputado Pepe Momoxpan: “En agosto de 1987 compré unos terrenos en el ejido de Santiago Momoxpan. Un año después, en 1988, durante el gobierno de Mariano Piña Olaya, se inició un proceso expropiatorio que se consideró totalmente leonino contra los campesinos del cinturón ejidal que contenía 27 ejidos dentro de la mancha urbana de la ciudad de Puebla. En noviembre se inició la lucha para defender todos los ejidos, creándose el “Frente de Defensa Ejidal Puebla”, con lo se detuvo el proceso expropiatorio de todos los ejidos. En junio de 1990 se me inventa una orden de aprehensión originada por un problema familiar, que convirtieron en un problema político, puesto que fue la estrategia del gobierno del Estado para golpear al movimiento campesino, logrando la aprehensión y encarcelamiento de varios compañeros líderes del movimiento como los comisariados de San Caleras y de San Baltazar Campeche. Sin embargo yo, estuve prófugo y radique en los Estados Unidos y regresé de incógnito a Calpulalpan, Tlaxcala, y desde esos lugares dirigimos el movimiento campesino. Hasta que el 4 de mayo de 1992, se emitió el decreto expropiatorio de cuatro ejidos, Momoxpan, Chautenco, San Andrés Cholula y Tlaxcalancingo, por el Presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces se presentaron diversos procedimientos jurídicos y juicios de amparo, mismos que Mariano Piña Olaya no respetó y vendió los ejidos a diversos personajes, entre los que destacan por la cantidad de terreno vendido a las familia Coghlan Crombé, la cual contruye el famoso “muro de Verdin”, ahí por la prepa 2 de Octubre, frente a Mayorazgo, que es una barda de piedra de aproximadamente medio kilómetro, en alusión al jefe policiaco Mayor Rodríguez Verdín, que la fecha de hoy trabaja con Marín en la fuerza pública.

“Otro personaje que compró terrenos fue Kamel Nacif Borge, compró 100 hectáreas. El 9 de enero de 1993, Kamel Nacif entró con máquinas derrumbando casas y un templo religioso israelita, posteriormente en semana santa llegó con su helicóptero a los terrenos, pero la gente lo sacó y salió huyendo, como a las dos semanas este mismo personaje invitó a desayunar al “Hotel Mesón del Angel” al Comisarido ejidal José Cruz Zapotecatl Delgado, para ofrecerle una maleta llena de dinero y decirle que dejara este asunto por la paz, a lo que contestó el Comisariado Don Cruz: “para cada perro hay un palo”, retirándose del lugar. Un mes después en junio de 1993, en el poblado de Momoxpan durante la madrugada recibe un disparo de arma de fuego que le perfora la cabeza y lo mata.”

+ 12 de octubre de 1992 en la colonia Concepción la Cruz, en la mira de los funcionarios inmobiliarios de Piña Olaya. Viene a Puebla la esposa del presidente Salinas de Gortari; inaugura un albergue para huérfanos que ocuparán las Madres Trinitarias. Los colonos han montado unas mantas enormes que no pasan el corte de los guardias presidenciales. Sin embargo, los mismos soldados embozados les dan primera fila frente al autobús del que bajará la señora Occelli. Alcanza a ver las mantas y recibe de los vecinos un ramo de flores. Al final del evento, claro que sí, Piña Olaya les ofrece una cita para ese mismo día, faltaba más, “llegaremos a un convenio”, les dice. Y sí, convienen: el gobierno regularizará la propiedad con avalúos catastrales, se les incluirá en el Plan Director Urbano, se reubicará con indemnización a los que tenían construcción. Qué bien, hasta el notario José Luis Vázquez Nava recibe avalúos y pagos a Finanzas en por lo menos 110 casos, con pagos que en total superan los 800 millones de viejos pesos, con un costo de 600 mil viejos pesos por escritura.

+ “Es un negociazo –comenta Jesús Migoya, empresario textil--, mira qué terrenos me ofrecen, a un ladito de la recta a Cholula, y mira el precio. Sólo que una parte va por debajo del agua”. “No compres –le aconsejan--, perderás tu dinero” Algo ocurre: interviene Luis Donaldo Colosio, Secretario de Desarrollo Social en el gabinete de Carlos Salinas, alertado por el escándalo de la venta “40 a 20”, con denuncias, una vez más, de Puebla Verde y del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Diaz de Rivera. Ha recibido en su oficina en México a Verónica Mastretta, al líder empresarial, y al empresario textilero Luis García Teruel. Le dan un recuento de la actividad febril del gobernador inmobiliario. Colosio les confirma lo que ha dicho en sus discursos de secretario: que los campesinos ejidatarios posesionarios de la tierra deben participar como socios inversionistas en el desarrollo urbano de las imparables ciudadades en toda la república. Días después, le negará a Mariano Piña la entrega del territorio de la Reserva. Cálculos realizados después estimaron que el negocio del “40 a 20” sobre un conjunto mínimo de 150 hectáreas pudo llegar a dejar hasta 100 mil pesos –quitados los tres ceros de 1993--, por cada una de ellas.

El déspota ilustrado

Gobierno en helicóptero el suyo: visita por lo menos dos veces cada uno de los 217 municipios de estado de Puebla en seis años. Ese será su orgullo. Pocas veces llega en coche a una localidad fuera del área natural de la ciudad de Puebla. La ciudad y el territorio desde las alturas, para mirar mejor las mojoneras y el alcance de su ánimo modernizador. Y desde arriba miran todo sus subordinados y sus proyectistas y sus inversionistas invitados, incluida ahí la pomposa Mackenzie, la consultora trasnacional que contrata el ex secretario de Gobernación y que cobra 34 millones de dólares por imaginar para él “la nueva grandeza de Puebla”. En su descargo, Manuel Bartlett puede afirmar que con él regresan a Puebla los capitales públicos y privados que no se veían desde los años del presidente Gustavo Díaz Ordaz. El autoritarismo de Bartlett es al mismo tiempo más burdo y más sofisticado, más inteligente y más abusivo, acaba siendo menos personal y más estructural, no conoce otra manera de llevar adelante una política de Estado. Pero dirá él: tengo una política de Estado.

+ Por fin, súbditos, un plan a la altura de mi figura, digo, de la grandeza de Puebla: El plan de desarrollo Angelópolis. Lo ofrece así en su discurso de bienvenida al alcalde Rafael Cañedo en su toma de posesión, el 15 de febrero de 1993: “Un estado más justo, que no lo es –alcanzo a apuntar que dice en la libreta--, es lo que queremos”. Manuel Bartlett no deja a su auditorio municipal sin oírlo, pero sus palabras se enredan afuera, en la explanada, con el sol, la masa y el pavimento. En los siguientes cuatro años veremos llegar planes y proyectos multimillonarios, con recursos líquidos federales y de empréstitos para organizar y construir la conurbación entre la ciudad y los pueblos cholultecas, con periférico, pozos y ductos de agua, plantas de tratamiento, demarcación territorial para vivienda y desarrollos comerciales, infraestructura vial con troncales principales y secundarias, etc, y planes, planes, planes para todo lo que pueda cargar la palabra modernización: del transporte urbano, de la infraestructura industrial, de la instalación turística y cultural. Y vengan los fideicomisos: Angelópolis, San Francisco. Y, por supuesto, las expropiaciones por causa de utilidad pública: nada más para el centro histórico en la zona del río de San Francisco –nuestro gran proyecto de los sesenta, clausurado para la historia con su ducto de concreto para ocultar las descargas residuales urbanas al río Atoyac--, el proyecto de Bartlett se lleva centenares de casonas antiguas.

+ El desconocimiento de los contratos de Piña Olaya con sus compradores le llevó a Manuel Bartlett una reunión de cinco minutos. “Los que tengan recibos pasen a la caja de Finanzas por su dinero”, les dice a los estirados empresarios textileros, molineros, comerciantes de autos y demás, que ni chistan cuando comprenden que sólo recuperarán la mitad de lo pagado a los funcionarios inmobiliarios del exgobernador guerrerense. Sólo uno frunció las negras cejas mediterráneas: “Yo no devuelvo nada”, dirá después a sus amigos Kamel Nacif, quien semanas después firmará la devolución de las cien hectáreas en Momoxpan desde la cárcel federal a la que ha logrado meterlo Bartlett, en atención a una antigua maña del Estado para poner en orden a un insurrecto.

+ Domingo 5 de noviembre de 1995. Al mediodía, cierre de dos meses de campaña del gobernador proselitista: Manuel Bartlett acaba de inaugurar el primer tramo del Anillo Periférico Ecológico –eje fundamental del programa Angelópolis, su proyecto, el primer integral multimillonario y conflictivo presentado por un gobierno priista en la historia poblana--, y ahora enfrenta a una masa de 40 mil fanáticos que hierve en la llanura al sur de la ciudad a la espera de Bronco superbronco y que ha llegado en camiones dispuestos sin costo por el gobierno. Nunca se reunió en esta campaña, ni en todas las pasadas en la historia del PRI poblano tal cantidad de personas. En la catarsis del Estado que no ha acabado de ser omnipotente, el gobernador apuesta al voto popular priista, y sí inaugura obras a empellones y crea en la coyuntura 44 mil empleos fugaces y afirma a quien lo escuche que no habría cohabitación con los panistas es por su convencimiento en que las cosas han cambiado pero no tanto. Así exclama treinta segundos antes de que Bronco arranque con su que no quede huella que no que no ante la multitud que le dará la espalda una semana después: “hoy es un día de fiesta para Puebla, hemos puesto en marcha casi cien kilómetros de vialidades, agua para las colonias populares... Todo eso para que sigamos juntos unidos en la justicia social...”.

+ 1993, Jesús Hernández Torres se presenta como el operador del proyecto Angelópolis. Nunca se ha visto funcionario alguno que se parezca tanto a un empresario en su porte (alto, bien parecido, trajes de marca) y en su trato: todo tiene sentido, todo tiene arreglo, simplemente no hay obstáculos. Un caballero en los negocios públicos. Es 1994, el gobierno de Bartlett trabaja a todo tren en el desarrollo Angelópolis. Lo más visible, la construcción del arco poniente del que bautizará como “Periférico ecológico”, en el primer carril de su arco poniente –que seguirá así hasta el gobierno de Marín, que construirá el segundo carril entre la autopista a México y la carretera federal a Atlixco--. ¿Pero dónde quedarán los centros comerciales? Contra los planos y los proyectos expropiatorios, todos de 1991, la realidad mercantil de 1993: el detonador imaginado por los desarrolladores de Bartlett ocupa la franja larga de las 110 hectáreas de parque que en el proyecto original de la Federación corrían de oriente a poniente desde el río Atoyac a la altura de la desembocadura del río San Francisco, hasta el boulevard Atlixco, un kilómetro adelante del viejo puente de Las Ánimas. Verónica Mastretta denuncia en la radio el inminente cambio en el uso del suelo. Para las quejas está Hernández Torres: señora, cómo se le ocurre, el gobierno no tiene ninguna intención de cambiar el propósito fundamental del reordenamiento de la ciudad de Puebla, simplemente es un cambio de lugar, vamos a desarrollar el Parque Metropolitano más al sur, serán 45 hectáreas”. Es más, la invito a recorrer esa zona para que se cerciore de mis palabras. En las semanas que siguen, el gobierno presionará a Puebla Verde para que otorgue su aval como organización civil a la plantación de árboles, pero Verónica se niega a dar un respaldo a cambio del uso del suelo. Con el tiempo, la maquinaria desbroza los campos de labor para demarcar la extensión del primero de los desarrollos comerciales, Angelópolis, de la mano de Liverpool y Cinépolis como empresas ancla; le seguirán Sanborns y Sears, y más tarde El Palacio de Hierro.

Separado del gobierno de Bartlett, Jesús Hernández Torres regresa al Distrito Federal al terminar el tercer año del régimen. Pero el desarrollo va encarrilado. Con Melquiades Morales de gobernador se confirmará la tendencia de evaporación de las zonas verdes y de preservación ecológica.

+ Carlos Peralta aparece como poblano con Manuel Bartlett. Nacido en 1951 en el DF, a este ingeniero lo conocemos no como empresario industrial heredero del emporio IUSA de Alejo Peralta, su padre, sino como inversionista inmobiliario: La Vista Country Club, un fraccionamiento-campo de golf desarrollado sobre 70 hectáreas compradas a particulares colindantes con la línea sur de los territorios expropiados para la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, también sobre la ribera del río Atoyac. Con la marca de Jack Niclaus –su empresa construye el campo--, La Vista es la perla con la que Bartlett presume el alcance internacional de Angelópolis. “Una vida perfecta”, reza su eslogan. No esconden nada en el portal web del fraccionamiento –“está localizado en la zona de mayor plusvalía y exclusividad de la ciudad”--, salvo los precios de sus lotes. En julio del 2008 ya no hay terrenos disponibles a la venta, pero un condominio en La Vista Towers, valorado en más de cuatro millones de pesos, se ofrece como premio en un torneo de golf por el X aniversario del fraccionamiento. Sufren sus percances, eso sí, como las dermatitis en rostro y brazos que padecen los golfistas en la primera época del club, cuando riegan el pasto con las aguas negras que arrastra el arroyo Zapatero provenientes de Cholula. Contrariedades aparte, por algo vino a Puebla Carlos Peralta: en una de las mayores operaciones nunca explicadas por los gobiernos de Puebla, Manuel Bartlett le otorga a perpetuidad el uso de las 45 hectáreas del llamado Parque Metropolitano. La justificación al público: la instalación de un parque de diversiones que conoceremos después como Valle Fantástico. Nada de esto, ni el fraccionamiento de La Vista Country Club en Puebla, ni el regalo de las 45 hectáreas, forman parte de la semblanza que de este empresario hacen en el portal web de la Fundación Alejo Peralta.

+ El 24 de marzo de 1994, en una medida que tendrá repercusiones intensas en los conflictos por la tierra en los años por venir, el gobernador Manuel Bartlett expide un decreto por el que se declaran como reservas ecológicas los bosques de las montañas Malinche, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, los bosques de Flor del Bosque y La Calera en la ciudad de Puebla, así como los cerros Amalucan, Tepeyac, Mendocinas y Totolqueme en el valle de Puebla.

+ 1995. El programa de Manuel Bartlett para el reordenamiento urbano del crecimiento de la ciudad de Puebla incluye una solución al problema de la carencia de agua. Y de nuevo, para resolver problemas están los pueblos campesinos. La historia es vieja: sucesivos gobiernos han fracasado cuando han tratado el tema con ellos, igual con los de Oriental, al norte del estado, que con los de Xoxtla y Texmelucan –en Moyotzingo el gobernador Toxqui en los setenta hasta perforó los pozos--. Pero Manuel Bartlett va por el agua de Nealtican, uno de los pueblos en la ruta de Hernán Cortés, y del que hemos oído hablar por las explosiones del Popócatépetl, en 1994. Los gases lacrimógenos en el Paseo Bravo contra los campesinos, con Mario Marín en la Secretaría de Gobernación y los presos resultantes tras la trifulca como rehenes para la firma del pueblo para aceptar los pozos contra la libertad de sus maridos, son las armas que el gobierno aplica para lograr su cometido.

+ 14 de mayo de 1997, de madrugada. Operativo de la fuerza pública estatal para desalojar a los propietarios que se han opuesto a la expropiación de las casonas en la zona del Paseo de San Francisco. Agustín Ochoa es uno de ellos. Su casa es conocida como Villa Flora, con un torreón que permita imaginar el uso de fortín que tuvo en el XIX, y está sobre el boulevard del río entre la 2 y la 4 Poniente, pegadita al Centro de Convenciones. A las 3 de la mañana los judiciales asaltan la casona y sacan a la fuerza a quienes se han resistido a salir de su propiedad. No hay orden de juez alguna. Simplemente, violencia. Para Agustín, una golpiza; para la casa, el buldócer y la destrucción. Son decenas las casonas desalojadas así por el gobierno: si no aceptas la compra, la expropiación; si no quieres nada, la fuerza pública.

Diez años después, Agustín Ochoa, que ha metido un amparo de inmediato, está a la espera de que se le haga justicia: el gobierno no ha podido probar la causa de utilidad pública que justifique la expropiación y ese es el argumento principal de su pleito legal en los juzgados federales.

El compadrito Melquiades

Melquiades Morales, nacido en un pueblito de San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, recuerda el mito del indio Juárez. “Iba descalzo a la escuela”,”salí de mi tierra a pie, en medio de una tormenta, sólo, para llegar a ser lo que ahora soy”, llega a recordar en uno de tantos mítines que alumbran con su presencia los políticos priistas. Melquíades es un representante puro del Estado populista. Si no tienes nada que ofrecer, por lo menos un saludo, aunque los eventos se retrasen. En el apretón de manos de Melquíades encuentra la razón de ser del Estado benefactor. Pasa por aquí el gobernador, y te acuerdas de México, bonachón, fiestero y apapachador, quién se fija que vayamos al despeñadero. Es el extremo opuesto de Manuel Bartlett, el político frío y certero en su análisis de que el mundo campesino está destinado a morir. Por supuesto, su pensamiento no discurre sobre el campesino Melquiades Morales Flores, que desde el campo y tras décadas de abrazos y compadritos, le gana la candidatura del PRI al candidato del exsecretario del Gobernación.

+ Melquiades arranca su gira de candidato en Nealtican. Habla de un programa regional de desarrollo para los pueblos de los volcanes. Su audiencia, campesinos floricultores, bloqueros y trabajadores de la piedra volcánica, escuchan atentos y se preguntan si algún día el gobierno les cumplirá lo prometido por Manuel Bartlett, cuando les arrancó el agua contra la libertad de sus presos: es agosto de 1998 y ninguna de las tres principales promesas está cumplida, ni el bachillerato, ni el hospital regional, ni el agua potable para la colonia Miguel Hidalgo. Y para más cargos, las norias cada día están más secas.

+ Para que la acuña apriete… le recuerdo en una conversación a Melquiades Morales, para dar cuenta de todo lo sucedido entre el gobernador y un productor de brócoli y tortillero del poblado de San Pablo Actipan, Concepción Colotla. Concho, como le llama todo mundo, pasará a la historia como el dirigente campesino que echa para abajo el proyecto inmobiliario estrella de Melquiades Morales: el Proyecto Millenium, que con autopista de por medio entre Tecamachalco y Puebla por los territorios de Cuapiaxtla, Tepeaca, Tecali y Cuautinchán, en la región de Valsequillo, en una franja de 50 por 60 kilómetros al sur de la autopista a Orizaba, pretende la expropiación de 800 hectáreas campesinas. En contraste con los excesos hamponiles de Mariano Piña y autoritarios de Manuel Bartlett, Melquiades intenta todos los modos menos el represivo para llevar a cabo su propósito. Por supuesto equivoca el primer recurso: calificar de eriales las parcelas de producción de legumbres por las que pasará la carretera. De entrada, el precio ofrecido por el gobierno contrasta con los precios del mercado en la zona: cuando el metro se valora en 30 pesos, Melquiades les ofrece 50 centavos para el metro en tierra de pastoreo, 1.25 pesos para el de temporal y 2.50 el de riego. Seguirán las amenazas de expropiación y los intentos serios por la penalización del conflicto, con órdenes de aprensión contra Concho y sus compañeros. Y no lo logra. A pesar de tener como responsable del proyecto a su secretario de Comunicaciones y Transportes, Marco Antonio Rojas Flores, otro zorro de la política, este hombre de Tecali que lo fue todo (diputado, presidente municipal de la Angelópolis, senador, secretario de gobernación) en la jerarquía priista en los últimos treinta años, no logró que Concho y sus vecinos lo permitieran.

+ La figura del fraccionador en estos últimos tiempos merodea el territorio nuestro con la habilidad de las avispas que buscan las larvas de las mariposas para su reproducción en un campo de brócolis. La mariposa, esa figura de ensueño, es la causa de utilidad pública. Como nunca, funcionarios públicos y empresarios desarrolladores van montados en las expropiaciones de tierras campesinas justificadas en grandes planes gubernamentales de ordenamiento territorial y en un gasto público en infraestructura urbana que multiplicó por seiscientos el precio del metro cuadrado –de 7 pesos a 4000 mil pesos, entre 1993 y 2007. Los apellidos Peralta, Bautista, Moreno Valle, Henaine, Montero, Posada, Ventoza, Kamel, Marín, para nombrar a algunos de las cabezas de proyectos inmobiliarios recientes, alumbran esta mezcla de político-empresario-funcionario que ha tomado literalmente las plazas, igual las de los despachos de secretarías de estado, notarías, juzgados, que las del paisaje urbano. El secretario de Desarrollo Urbano de Melquiades, el arquitecto Federico Bautista, es el prototipo del funcionario-desarrollador inmobiliario. Claro, además se apellida Bautista. Logró lo que nadie en toda esta historia de la especulación inmobiliaria en la ciudad de Puebla: intervenir para modificar el uso del suelo en un terreno frente al Parque del Arte, y ser el comprador y fraccionador del mismo. Una y otra vez que Puebla Verde demandó del gobierno el respeto al uso del suelo en el único espacio que Manuel Bartlett dejara como área verde, las 12.7 hectáreas del baldío conocido como Jardín del Arte, el celoso Secretario defendía los intereses primordiales del gobierno estatal: las obras públicas, las escuelas, los hospitales. “No, Verónica, --dice--, ¡cómo crees!, tu quieres jugar al parque, a sembrar arbolitos, cuando con ese terreno el gobernador tiene 450 millones de pesos para las obras que Puebla necesita”.

+ Algo ha ocurrido entre Carlos Peralta y Melquiades Morales, pues en el 2003 corre el run run entre los reporteros de que la tan traída y llevada noticia de la construcción de un Tec de Monterrey en la ciudad de Puebla se hará realidad sobre una parte de las 45 hectáreas que ocupa el parque de diversiones Valle Fantástico. Y por abajo del agua filtran desde el gobierno al que quiera oírlo que esa es la única manera de quitarle algo del regalito que Manuel Bartlett le hiciera a Carlos Peralta. Que si son 20, que 25, ya lo veremos, pero el hecho camina muy rápido y en unas cuantas semanas los regios construyen un conjunto en blanco de cinco pisos y varios módulos y le plantan de cara al Popo una horroroso cincho metálico de bienvenida. Inauguración con Vicente Fox y el poblano cabeza del grupo FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, convertido en patrono principal de la principal institución educativa en manos de particulares en México. No será la única que se asiente en los territorios expropiados a los campesinos: Piña Olaya le regaló 20 a los jesuitas, 10 a los Legionarios de Cristo y otras 20 a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y como nunca, los políticos encuentran la causa de utilidad pública.

+ El camellón de los 18 millones de pesos podría ser el atrio de la Iglesia de La Virgen del Camino, sobre la Vía Atlixcáyotl, entre centros comerciales y agencias de automóviles. Es la iglesia del Padre Nacho, un sacerdote del claro secular, exjesuita, que en los años ochenta revolucionó corazones de almas pías ente la feligresía y las estructuras eclesiásticas amodorradas y burocráticas del obispo Huesca. Con el tiempo, el padre se ha convertido en uno de los curas más socorridos de la parroquia católica de la burguesía local. Y particularmente la española, que de la mano de la familia Diez, ha aportado los recursos para levantar el templo estilo arquitectónico Vips para la virgen de los leoneses, con una fuerte cofradía en la ciudad de Puebla –y la han llevado, con todo y su dicho de “la suerte de la fea la bonita la desea”, desde su nicho en la capilla del Rosario hasta el corazón de Angelópolis. Así que para ellos los nichos en los sótanos de la iglesia. Un atento sacristán te pasea por los pasillos de mármol y señala las galeras y, lo más excelso de la ciudadanía, en el corredor central, que ha apartado aquí su lugar, y ni qué decir de nuestro gobernador, mire usted, ahí está Melquiades Morales Flores, y también Manuel Bartlett y por supuesto, Mario Marín.

Esta tan espiritual transacción, por cierto, forma parte de la enorme suma de operaciones comerciales ocultas al público por el Fideicomiso de la reserva territorial. Dios nos guarde.

+ Al final de la era Melquiades los terrenos que ofrece el Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl están en barata, y no importa si no tienen el uso del suelo correcto. Un ejemplo invisible: el Hospital Ángeles, que se construirá entre el 2005 y el 2006, ya con el gobernador Marín, se planta sobre terrenos del área de seguridad de la planta de tratamiento de aguas ubicada a la altura del antiguo pueblo de Mayorazgo. En el 2008, este complejo hospitalario aún no cuenta con la regularización de la tierra.

El precioso es el héroe de la película

En el 2005, cuando arranca el gobierno de Mario Marín, ya los dos fideicomisos, el de Angelópolis y el de San Francisco, llevan 15 años de operación. No hay mayor referencia de ellos en su programa de gobierno. Sin mucho por vender, aparentemente mira hacia otro lado. Mario Marín va poco a poco, al contrario de Melquiades, quien anuncia desde los ochenta sus miras largas, o de Bartlett, quien llega a Puebla como salida corta a quien ha jugado en ligas mayores. Pero desconcierta igual que este último por su andar contradictorio: va del sigilo conspiratorio al balcón del lucimiento, camina como quien pide permiso y llega para gritar voy por la mía. Desde los refugios de la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Superior de Justicia ha trabajado a sus bases, así que no ha necesitado de los peldaños de elección popular sino hasta que gana la presidencia municipal. Ahí ya afila un equipo y un proyecto con sus condiscípulos Mario Montero y Valentín Meneses y cófrades como Javier García Ramírez. Y se entrena en las turbiedades del SOAPAP, en la oscuridad de los giros negros y en los pavimentos, banquetas y guarniciones del quehacer municipal. Sus informes anuales rompen todas las fronteras poblanas en torno al culto de la personalidad –cumple con rigor en la fotografía del político con la pala que trabaja codo a codo con el pueblo--, y atiende todas las recomendaciones de profesionales de la imagen –se quita con el photoshop a media campaña electoral el lunar que carga de nacimiento entre ceja y ceja, ya después el cirujano lo hará sobre su cara--, y gasta en publicidad como nunca lo ha hecho un ayuntamiento. Ahí da cuenta de que es un hombre de extremos, como el de llegar a inmortalizarse en un cuadro en el llamado Salón de Protocolos en el edificio municipal, con un grupo de funcionarios atentos y alertas a lo que les dicen los planos de una obra pública. En la alegoría, la ciudad es territorio de adiestramiento para el futuro y cerco jurídico y temporal que lo maniata. Y la gubernatura será el territorio de conquista tras años de sometimiento a los jerarcas y santones a los que ha servido, y la frontera que se cruza para confirmar que es su hora entre los poderosos, sus socios, sus iguales. Político de altura, lo presumen sus allegados, es el verdadero tiempo de sus planes, y no se cierran en Puebla sus miras.

+ De los propósitos del programa de gobierno marinista: “Se frenará el deterioro ambiental de suelo, agua y aire, y se regenerarán los ecosistemas mediante la acción conjunta del gobierno y la sociedad, propiciando un desarrollo sustentable y con calidad de vida”. Así, en el 2005 crea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y propone el desarrollo de un Plan Estatal Hidráulico, un Sistema Estatal de rellenos Sanitarios Regionales, la elaboración de un Plan Estatal Forestal, reactivar el programa Proaire de Puebla, fortalecer el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Ecológico y establecer un Programa Estatal de Educación Ambiental para promover la participación ciudadana e impulsar la participación de la sociedad y la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental. Ni más ni menos.

+ Mil ochenta hectáreas arrebatadas a los pueblos campesinos de Cholula en 1991 por un decreto expropiatorio para el ordenamiento urbano de la ciudad de Puebla. Son más de 10 millones de metros cuadrados arrojados a la especulación de los inversionistas invitados por funcionarios que les dan vueltas y revueltas especulativas sobre helicópteros y mapas a lo largo de la línea nerviosa del río Atoyac, la frontera más antigua de la ciudad de Puebla. Por fin, bienvenido el capitalismo en todos sus espasmos, el proyectado en los planes de gobierno y su traducción salvaje en manos de gobernadores y desarrolladores urbanos. En trece años, de 1995 al 2008, han sentado sus marcas todo tipo de capitales y personajes: La Vista Country Club, Lomas de Angelópolis, Ara, Casas Geo, Ciudad Judicial, torres JV, Bosques de Angelópolis, Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Universidad Anahuac, Liverpool, Palacio de Hierro, Cinépolis, agencias de autos Toyota, Renault, Ford, VW, Mercedes, Chrysler, Mazda, BMW, Wall Mart, Comercial Mexicana, Home Mart, Telcel, Comercial Mexicana, Hospital Los Angeles, Hotel fiesta Americana. Todos ellos sobre terrenos expropiados en 1991 a no más de 21 pesos –empezaron en siete-- el metro cuadrado a los campesinos cholultecas, el último precio aceptado por el gobierno ante el descontento de los pueblos.

¿Cuánto vale la inversión pública y privada en el territorio de Angelópolis? ¿Cuánto vale lo que existe en el centro comercial Angelópolis? ¿Cuánto vale Liverpool? ¿Cuánto el Palacio de Hierro? ¿O lo que invirtió Cinépolis? ¿Cuánto valen las torres del grupo JV? Para no ir más lejos, la construcción que está a la vista, el Wallmart o el Complejo Cultural Universitario? Difícil saberlo, como nunca sabremos lo pactado en cada transacción avalada por Bancomer como fiduciario del Fideicomiso Angelópolis. La expropiación de la tierra campesina al poniente del río Atoyac, con la construcción de los sucesivos puentes de asalto al territorio campesino (el de Atlixcáyotl, el de Aguazul, el del Periférico, el de las Torres y, últimamente, el de Cúmulo de Virgo), desencadenó una explosión inmobiliaria como no la vivía la ciudad de Puebla desde los años sesenta, con los fraccionamientos de La Paz, San Manuel, Gabriel Pastor, Anzures. Era la nuestra una ciudad contenida en sus vialidades y sus discursos, atorada en la visión conservadora de los políticos avilacamachistas y los empresarios de la Junta de Mejoramiento. Veámoslo así, más allá de las cuentas imposibles sobre lo que se vendió y lo que costó el metro de tierra entre 1992 y 2004, ahora mismo, el metro de tierra se vende, en el más barato de los casos, a 4 o 5 mil pesos el metro cuadrado; un condominio en La Vista Country Club alcanza los cuatro millones de pesos; un consultorio de 39 metros cuadrados en el proyecto fallido de hospital Star Médica les cuesta a los ginecólogos asociados 550 mil pesos. Las 30 hectáreas que el gobernador Marín quiere vender por la vía del cambio de uso del suelo –de áreas de preservación ecológica a áreas de vivienda media y residencial--, a un costo mínimo de 4 mil pesos, alcanzan un precio de mil doscientos millones de pesos.

+ Mario Marín mira al sur de la ciudad y también tiene sus planes reformatorios para lo que los políticos llaman el ordenamiento territorial: Valsequillo. Contra lo que pudiera pensarse, este proyecto no cae en las manos de la nueva Secretaría de Medio Ambiente, en donde a ha nombrado a Francisco Castillo Montemayor, el veterano funcionario experto en cuestiones ambientales poblanas y aplicado a ellas desde 1987. Marín nombra a un viejo rival de Castillo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, enfrentado con él desde los tiempos del Departamento de Limpia de la ciudad en el trienio de Pacheco Pulido, y le da el control sobre los proyectos estatales para la regeneración de la cuenca del río Atoyac y su podrido lago de Valsequillo. La vida da vueltas y regresa siempre al mismo lugar: el río, los desechos, los planes y las realidades. Javier García no habla mucho, sabe que en la contienda ha ganado el territorio de los negocios públicos, y hadado cuenta de la vieja consigna priista en el Distrito Federal, “haz obra que algo sobra”. Mientras una y otra vez en la prensa local se habla de las compras por personeros de Mario Marín de terrenos en la región de Valsequillo, el secretario de Desarrollo Urbano va dando cuerpo a un proyecto, y no tiene prisa, es hasta marzo del 2008 cuando ante autoridades federales y tlaxcaltecas da a conocer su proyecto del Rescate Ecológico de los Ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, que tiene el propósito final, dice, “de rescatar la presa Manuel Ávila Camacho denominada "Valsequillo". Por supuesto describe el tamaño de la obra pública: se trata de la construcción de 600 kilómetros de redes de agua potable; de 487 kilómetros de redes de alcantarillado, de 159 kilómetros de colectores, 46 Plantas de Tratamiento nuevas y la rehabilitación y ampliación de 8 plantas existentes, en especial las de Puebla. Una inversión, para el estado de Puebla, de 2,707 millones de pesos, de los que ya ha gastado más de 404 millones. ¿Así quién se acuerda del proyecto Angelópolis?

+ Ellos se acuerdan. Al arrancar el gobierno marinista, la nueva dirección del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, a cargo de Eduardo Macip, un viejo funcionario bartlista, rescatado por Marín en la presidencia municipal, y nuevamente en este gobierno, primero en el Fideicomiso y actualmente en el Soapap, intenta desconocer operaciones realizadas por Melquiades Morales. “Vendieron muy barato”, se les oye decir. Desbarata algunas como la de un grupo que compró legalmente tres hectáreas por la zona del Centro Comercial Angelópolis, con una oferta que no pudieron rehusar, 12 millones de pesos. Enfrentan a un grupo poderoso del Distrito Federal, el de Olegario Vázquez, con su hospital Ángeles a punto de arrancar su construcción sobre un terreno que por su uso corresponde a la planta de tratamiento vecina. Con ellos recularon. Así, sin hacerlo público, descubren que Melquiades Morales ha dejado 60 hectáreas sin modificar el uso de suelo, pero en 30 de ellas existen operaciones comerciales irregulares, el hospital entre ellas. Hay que regularizar, le informan al gobierno calderonista, no puede estar un hospital del tamaño del Ángeles sin escrituras y uso de suelo regulares.

+ Otra de hospitales: cuando todavía nadie habla del Ángeles, aparece toma cuerpo la construcción de uno de nombre Starmédica justo frente a Liverpool, en un terreno que formaba parte del original territorio de 110 hectáreas de parque metropolitano. La marca es propiedad de una familia Martín del Campo que posee dos más, uno en Morelia y otro en Aguascalientes, y construye un tercero en Mérida. Sus socios son dos conocidos empresarios poblanos, Maurice Gendreau y Miguel Ángel Rivera. El primero de ellos es conocido en el negocio inmobiliario, y es público que ha sido intermediario de Melquiades en compraventas en la zona de Angelópolis; el segundo, hijo de un antiguo propietario de agencias de automóviles (Ford y Mercedes), tiene una fama triste por la contaminación que ha provocado en otros de sus negocios, el de la engorda de puercos. Los tres ofertan un hospital de lujo, con excelencia en cirugía y cardiología, con diez pisos, seis de ellos de consultorios para un total de 240 despachos médicos. 39.5 metros cuadrados, a 450 mil y 550 mil pesos cada uno. En dos meses están vendidos todos. El negocio va viento en popa. Se dice que Martín del Campo ha puesto 25 millones de pesos para el desarrollo, pero no se sabe si sus socios cumplen con su parte. Para el público, lo que está a la vista es un edificio terminado y un hospital que no arranca. Pasan los meses, y luego los años, dos por lo menos. Los Vázquez terminan el suyo, lo inauguran, los consultorios atienden, la moderna construcción, con sus luces que lo alumbran la noche entera, se convierte en un símbolo de la zona de Angelópolis. ¿Y el Starmedica? Ni luces, ni estacionamiento prometido, ni zona residencial aledaña, ni equipo de tomografía de última generación, ni sala de hemodinámica, ni microscopios oftalmológicos. Desaparece Martin del Campo –los médicos asociados afirman que de plano lo echaron del estado--, le cambian el nombre por Hospital Puebla, ofrecen tan solo 22 camas para pacientes y la ridícula suma de dos para urgencias.

+ Al Güero Henaine lo señalan como el prestanombres entre otros de Carlos Peralta, Raúl Salinas y Mario Marín –con el gobernador, entre otras cosas, del equipo de futbol Puebla--, y ya hasta lo toma a chunga: “Voy a poner una empresa de prestanombres”, dice. En los hechos, aparece como propietario de las 25 hectáreas que Melquiades le dejó al Valle Fantástico cuando le quitó 20 para regalarlas a los regios del Tec. Desde el 2007 ha dicho a amigos y reporteros que el Valle Fantástico no es negocio, y filtra aquí y allá su ánimo de convertir lo que tenía destino de área verde en otro fraccionamiento residencial. Su parque de diversiones –si así hemos de llamarles al regalo de Bartlett a Peralta— no entra en el “proyecto de regularización” marinista con el cambio de uso de suelo de las 30 hectáreas que en la práctica tienen ya otro uso. Pero por ahí quiere colarlo. “A mí por qué me meten en eso”, grita en los escritorios de San Andrés Cholula cuando le niegan el cambio de uso del suelo, luego de la alerta realizada por la delegada federal de SEDESOL Anahí Romero. Y más le grita al director del Fideicomiso, Rafael Moreno Valle, cuando es un hecho que el gobierno federal, recula en su decisión de aprobar los cambios de usos. Pero el funcionario no se inmuta, “le vendieron espejitos” le dice para su consuelo.

+ Al oriente de la ciudad de Puebla, en colindancia con los terrenos de la XV Zona Militar, la familia Bautista ha sido propietaria de un conjunto de terrenos nunca bien delimitados. El nombre de La Calera igual identifica una antigua explotación del material –todavía en uso hasta hace unos diez años--, como una serie de fraccionamientos ligados al ilustre y mal avenido apellido que no deja de aparecer en los gobiernos priistas locales (el bisabuelo Gonzalo Bautista sucede en la gubernatura a Maximino Avila Camacho en los años cuarenta, y el abuelo Gonzalo Bautista O`farril incendia la ciudad en su guerra contra los universitarios de izquierda en los setenta), ahora con el nieto, Federico Bautista Alonso, exsecretario de Desarrollo Urbano con Melquiades Morales. Nuevamente aparece en el 2008 con un proyecto de construcción de vivienda, esta vez de interés social, y nuevamente se enfrenta a Puebla Verde.

Jardines de la Montaña es el nombre de su proyecto. Y la historia es compleja, e involucra a muchos actores: un área de 169 hectáreas colindantes a la colonia … y al arco oriente del Periférico Ecológico, 70 de ellas totalmente deforestadas, pero con cerca de 50 hectáreas en las que existe un bosque de pino y encino blanco con especies endémicas probadas; un cambio en el uso del suelo (el 24 de diciembre del 2004, por el Ayuntamiento del panista Luis Paredes; un decreto de 1994 del gobierno de Manuel Bartlett que define a la zona como Área Irreductible de Protección Ecológica; unos terrenos tomados por el IPAB por problemas financieros del propietario Bautista; un intermediario, Fernando Morales, hijo del exgobernador Melquiades; un vivo comprador en barata al IPAB, Kamel Nacif, que los revende a diez veces su valor; un asociado a Bautista, Vicente Bortoni, con antecedentes negtivos como constructor por la mala calidad de sus casas; un segundo constructor, Inmobiliaria SARE, que ha arrancado ya, ahí mismo en el vecindario, otro proyecto de ocho mil casas, para lo que ha dado ya una fianza de 14 millones de pesos a SEMARNAT; un presidente municipal Enrique Dóger al final de su mandato (enero del 2008) en su momento presionado por los desarrolladores que otorga los permisos de construcción para siete mil casas, pero que exige la donación de 50 hectáreas como zona boscosa irreductible y que otorga en custodia a la asociación civil Puebla Verde, como ha acordado con la constructora SARE, para imaginar otro parque metropolitano de cien hectáreas; una delegación de la SEMARNAT dormida en sus laureles, a la que le presentan estudios de impacto ambiental que demandan el permiso para derribar 3,500 árboles con la oferta de plantar 150 mil más, 30 mil de ellos en el polígono de Jardines de la Montaña; un grupo de vecinos del fraccionamiento residencia La Calera, con más de veinte años de existencia y todavía no entregado al Ayuntamiento, que en su momento le han comprado a la propia familia Bautista, y descontentos con la ida de la implantación de quince mil casas de interés social en el vecindario. Buen lío. Y arranca por estos últimos, pues los vecinos se han organizado, han buscado el respaldo civil de Puebla Verde, han contratado a un abogado especialista en leyes ambientales y han obligado al Ayuntamiento a plantar sellos de clausura en las obras de Jardines de la Montaña.

Dice Verónica Mastretta en entrevista en La Jornada de Oriente del 11 de febrero del 2008: “¿Por qué cuando la ciudad les llega a los bosques, a las zonas verdes, se tramitan los permisos con influencias, y a veces con justificación… ¡y adiós. La responsabilidad de proteger a La Calera es de los tres niveles de gobierno. ¿Cómo le va a hacer el ayuntamiento para dotar de servicios públicos? ¿Cómo le va a hacer la SMRN para vigilar el área protegida? ¿Con base en qué la Semarnat va a autorizar el impacto ambiental? ¿Qué está pasando en La Calera? Originalmente ese espacio tenía un uso de suelo distinto, estaba catalogado como área de preservación ecológica desde hace 15 o 20 años, y todos esos terrenos eran propiedad de la familia Bautista; una parte del doctor Gonzalo Bautista O’Farrill, que ya murió, y la otra de otro de sus hermanos. No tenían ningún desarrollo o construcción de vivienda y menos de alta densidad; sin embargo, en el periodo de Luis Paredes, en la sesión de cabildo del 24 de diciembre del último año que estuvo, se cambió el uso de suelo. Los terrenos del doctor Bautista ya habían ido a dar al IPAB y fueron revendidos a SARE, pero cuando se le revendieron ya se les había cambiado de uso de suelo. El Ayuntamiento de Blanca Alcalá se encontró con unos permisos de un proyecto de construcción de 9 mil viviendas de SARE, pero este proyecto fue reducido a la mitad debido a la presión social de Puebla Verde, de la Comisión Estatal de Ecología, de la misma Comuna y de otros más por el alto impacto que iba a causar en La Calera. Sé que hay otra solicitud para hacer lo mismo, en Jardines de la Montaña, y desgraciadamente la actual Carta Urbana del ayuntamiento de Puebla lo permite. Lo permite porque ya se había hecho el cambio de uso de suelo y en esta nueva carta urbana del ayuntamiento no se está modificando, simplemente se está restringiendo la manera en que se entra a esos espacios. Se les está poniendo a los empresarios limitaciones para derribar árboles, y de estudio de impacto ambiental, nada más”.



+ Así da cuenta la empresa constructora española OHL de la concesión que ha obtenido del gobierno poblano en el 2008 para la construcción y explotación del llamado Libramiento Norte de la ciudad de Puebla: “El 24 de marzo del 2008 se suscribió el contrato de concesión para el diseño, construcción, financiación y explotación del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla. Esta infraestructura dispondrá de dos carriles por sentido y conectará la autopista México-Puebla con las autopistas Amozoc-Perote y Puebla-Veracruz y permitirá importantes ahorros de tiempo a los usuarios de larga distancia del corredor que une México DF y el Puerto de Veracruz, principal puerto de la costa atlántica mexicana”.

La inversión es de 120 millones de euros, 1884 millones de pesos; son 31.5 kilómetros y tendrá un tráfico estimado de 10 mil vehículos por día. Como la concesión es por 30 años, hagamos cuentas, a un promedio actual de 30 pesos el recorrido: 300 mil pesos diarios, por un año, 109.5 millones de pesos, por 30 años, ingresos por 3,285 millones de pesos. Contra lo invertido, una ganancia de 1401 millones, es decir, 46.5 millones de pesos anuales. Hay quejas de los constructores locales: “La adjudicación no es transparente”, dice el dirigente de la Asociación de Empresas de la Construcción, Sergio Curro Martínez, y lo confirma el líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla, Claudio Valdez García Teruel. Hay explicaciones oficiales: “No hubo licitación sino un título de concesión, debido a que no habrá un solo peso de inversión pública, sino privada”, dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal, Valentín Meneses Rojas, y se ampara en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados local y en la Ley General de Bienes del Estado. Así que bienvenida España al rediezcubrimiento de Puebla.



+ Al arranque del 2008, como gran justificación de la venta de las áreas verdes y de reserva ecológica, el gobierno marinista anuncia que el Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl tiene una deuda de más de 300 millones de pesos. “Señora –le dice Rafael Moreno Valle Huitrón, nieto del doctor Moreno Valle, gobernador defenestrado en 1971 por Luis Echeverría ante la insurrección popular, y director del Fideicomiso, a Verónica Mastretta, presidenta del Patronato Puebla Verde--, en el Parque del Arte podemos hacer lo que queramos, el parque es del gobierno, tenemos derecho a hacer eventos, sin pagar, el parque es nuestro, pagamos por él”. “Permítame –le responde la ambientalista--, pero el parque es público, el gobierno invirtió recursos públicos, dinero de impuestos, usted no puede hablar del parque como si fu