Milagro en Puebla, por Sergio Mastretta. Primera parte

Milagro en Puebla

Por Sergio Mastretta

Primera parte

-¿Quién es toda esta gente?

-Pobres.

-¿Y qué hacen aquí?

-Qué se yo, pero los echamos cuando queramos.

-¿Usted cree?

-Fácil, si zapatea escapan enseguida.

-No me parece fácil echarlos.

-Dice que no es fácil echarlos, ¡Por favor!

(De la película Milagro en Milán, de Vittorio de Sica. 1951)

El Estado poblano con Mario Marín: policías del gobierno estatal armados con metralletas que toman por asalto un parque público custodiado legalmente por una organización civil. O la matria nuestra –diría el historiador Luis González— de Puebla Verde, A.C.: la acción ciudadana por la recuperación ambiental de una ciudad cercada y sometida por la voracidad de sus gobernantes metidos de lleno en la especulación inmobiliaria. Es una historia de 20 años: el Megaproyecto Angelópolis como acción de Estado para el ordenamiento urbano y ambiental de la ciudad de Puebla o el negocio desde el poder gubernamental con la venta privada de 10 millones de metros cuadrados expropiados a campesinos por causa de utilidad pública.

En el mejor estilo de Maximino Ávila Camacho, el dictador poblano de Arráncame la vida, los gobernadores al asalto inmobiliario.

El que llega, arrebata

En Puebla vivimos en la república del abuso legal: la apropiación del poder público por un grupo, por una persona, que con el sometimiento de los poderes legislativo y judicial, y el control y compadrazgo de los medios locales de comunicación, mantiene en indefensión a los ciudadanos. Lo público es aderezo de una variada gama de espacios vitales que explican la existencia misma del Estado: poder, derecho, propiedad, fuerza, seguridad, política, recursos, cuenta, proyectos, licitación, servicio, función, utilidad, escritorio, oficina, edificio, vía, alumbrado, drenaje, salud, educación, escuela, universidad, ejercicio, parque, playa, medios, comunicación, denuncia, etc. Frente a todos esos espacios de lo público nos definimos como sujetos de un Estado, ciudadanos de una nación. Suena bien luego de tantas décadas de autoritarismo priista, y cuidado que muchos hemos llegado a creer en ello. Pero la disputa por lo público en México se da en territorios, demarcaciones y potestades regidos por una indefinición jurídica ganada a pulso por un Estado que se especializa en dejar en la indefensión a sus ciudadanos. Sin importar el orden y la dimensión del problema, hay una calidad indefinida de lo público, un espacio enorme de vacío legal tallado desde el poder político, que igual permite contratos anticonstitucionales en Pemex como desconocimiento de convenios legalmente establecidos entre un gobierno y un grupo de ciudadanos. Y en la era de los omnipotentes gobernadores en estados como Puebla, todo se resume en el exceso del poder público.

Esta es la crónica de una ciudad cortada a tajo por sus contradicciones y sus ríos, perfilada por el trazo estricto de sus calles y la armonía de sus casonas históricas y las convulsiones anárquicas de sus avenidas modernas y la monotonía universal de sus desarrollos comerciales capitalistas. Es la historia de los excesos del poder en su trama despiadada y fría contra la acción civil que le cuestiona y le sobrevive. La memoria de veinte años de una ciudad que ha sufrido siempre por la sinrazón de sus regentes, capaces de disimular la lógica de sus intereses personales y de grupo tras el velo de las políticas públicas de planificación y desarrollo urbano, con la ley de su lado y el garrote que la hace valer en la mano.

Pero también es la narración de un esfuerzo concreto de ciudadanos por el que se comprueba que en México, contra lo que se diga, existe la sociedad civil.

1.- El poder y la indefensión legal

Son mis jueces, papá…

Viernes 18 de julio, 3 de la tarde, los juzgados civiles han cerrado y se van de vacaciones quince días. Estamos en la entrada principal del llamado Parque del Arte en la ciudad de Puebla, una extensión de 12.7 hectáreas en el corazón de Angelópolis, el proyecto de desarrollo urbano para el sur-poniente de la ciudad imaginado por Manuel Bartlett como gobernador en 1993, rescatada en su uso de suelo como área verde tras diez años de abandono gubernamental por la asociación civil Patronato Puebla Verde, que lo custodia y administra desde el mes de agosto del 2004 por convenio con el gobernador Melquiades Morales Flores, a través de la figura de un fideicomiso. “Se trata de la joya de la corona”, han dicho los funcionarios del gobierno marinista. Y la quieren para sí.

Dulce Pastelín --así se llama, y no hay lugar para realismos mágicos--, quien se ostenta como representante legal tanto del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl como del fiduciario Bancomer –en clara violación de la ley sobre funcionarios públicos--, y sin importarle que está de por medio un juicio de amparo ante un juez federal, reclama el parque acompañada de un diligenciario del Juzgado Séptimo de lo Civil y una veintena de policías, todos de jurisdicción estatal, hay que decir. Afirman que la juez séptima ha ordenado un embargo precautorio del parque porque Puebla Verde no garantiza su buena conservación. Después se sabrá que el Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-quetzalzóatl ha puesto una demanda desde el 18 de junio pasado, sin que se haya notificado en forma alguna a la organización civil, y que han depositado ocho millones de pesos en efectivo como fianza exigida por la juez. El diligenciario presenta una orden sin firma que lee el abogado de Puebla Verde, que de inmediato aduce que están cometiendo un delito y que deben desalojar el lugar. El diligenciario, efectivamente, se retira. Dulce Pastelín se cuelga del celular, desde el que le giran instrucciones. Decide retirarse sin más explicaciones, pero regresa dos horas después, ya cerca de las 6 de la tarde, sin el diligenciario y sin orden alguna, pero acompañada por un contingente de más de setenta hombres armados con armas largas y chalecos antibalas, ni más ni menos, para romper cadenas y candados y tomar por la fuerza el parque. Una docena de reporteros atestigua que la funcionaria y los policías no presentan orden judicial firmada por un juez ni nada que se le parezca. Alcanzan a decir los asaltantes que los llamaron porque había disturbios en el Parque del Arte. Los representantes de Puebla Verde, así como los jardineros y vigilantes del parque, no oponen resistencia alguna, como no sea la de señalar la arbitrariedad de la fuerza pública.

Los reporteros denuncian la presencia de una policía especial --la llaman “guardia privada del gobernador” --, con sus autos y sus trajes y sus celulares negros en un tercer plano para los fotógrafos, paseándose contra la barda de piedra del fraccionamiento que el arquitecto/constructor/nieto de gobernadores/exsecretario de estado Federico Bautista, desarrolló ahí mismo frente al parque cuando era funcionario del gobierno de Melquiades Morales, con la fuerza suficiente para cambiar el uso del suelo de vivienda de interés social a residencial a las dos que compró con todo el conocimiento de causa del asegurado éxito inmobiliario por venir en los años siguientes, que ya pasaron, y que empiezan a ser recordados como los de los más brutales en la historia de especulación inmobiliaria en Puebla.

“Guardia privada”, dicen los reporteros… Algo así como el estado mayor de esta especie de república estatal en la que vivimos los poblanos.

La ciudad, los pueblos, el río

Vale una mirada larga, para entender mejor la decisión del gobierno y a la dimensión del esfuerzo de la acción civil sostenida por la organización ambientalista: la ciudad de Puebla, contenida por el Atoyac, su río más potente y occidental, ha mirado siempre hacia sus volcanes Popo e Izta al fondo de una letanía de pueblos campesinos resguardados contra el avance urbano por una ribera que baja de la montaña, la separa de Tlaxcala y se ahonda por los barrancones que desgarran la Malinche para cruzarla desde el norte. Son los pueblos cholultecas: San Lorenzo Almecatla, San Francisco Ocotlán, Cuautlancingo, Chiautengo, San Pedro Cholula, Momoxpan, San Andrés Cholula, Santa María Tonanzintla, San Luis Teohuiloyocan, Santa María Acuexcómac, Nealtican, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Bernabé, Santa Clara Ocoyucan. Durante años, en el siglo XX, el río contuvo el crecimiento de una urbe medrosa y pusilánime, atada a sus pasados de piedra, barro, raleas y jerarquías, que se fue alargando a lo largo de la ribera nororiental con dos únicos antiguos cruces, el del Puente de México al norte, por el rumbo de los molinos y obrajes textiles de la colonia y las fábricas de nuestra pequeña revolución industrial en las postrimerías del XIX, y el de Las Ánimas, que tendía sus vistas por los caminos reales hacia Atlixco en el sur. Pero no hay dique que contenga la voracidad de una ciudad mexicana desde la pobreza de sus masas y la avaricia de su oligarquía. Para el río se tienden puentes: el de la recta a Cholula, en los setenta, el de la Vía Atlixcáyotl en los ochenta, y todos los que han seguido como escaleras en el asalto de una fortaleza. Porque no es el río el obstáculo, sino la propiedad de la tierra, el ejido, la parcela que pulveriza toda pretensión concentradora, el derecho de posesión fundado en las guerras de los abuelos que nadie entiende a pesar de las mil lecciones y festejos cívicos, pero que dan cuenta de las ataduras que alcanzan lugar en los libros de historia. Así, hasta que los políticos expropian la tierra.

Entre 1990 y 1991, en una trama urdida por funcionarios estatales y federales, el gobierno federal proyecta el obligado reordenamiento del crecimiento de la ciudad de Puebla. Y el camino es el de la expropiación de las miles de hectáreas de maizales y pastizales al otro lado del río. Más allá de la probada corrupción del gobernador Mariano Piña Olaya, a la fecha impune, el proyecto es estratégico y se prolonga por tres sexenios más, planes y realidades de por medio, Tratado de Libre Comercio, crisis económica y explosión exportadora como aderezos. El 4 de mayo de 1992 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación formaliza la expropiación de 1081 hectáreas ejidales y dan fundamento a un proyecto elaborado por el gobierno de Manuel Bartlett en 1993, que imagina un nuevo orden urbano expandido sobre la tierra campesina: vivienda, comercio, industria, transporte, toda una urdimbre de vialidades para sostener una metrópoli que abarca diez municipios poblanos sin contar once tlaxcaltecas, que jamás entrarán en el proyecto. Y ahí, 110 hectáreas de áreas verdes para recuperar el mínimo equilibrio ecológico. Entre 1993 y el 2008, los gobiernos han impulsado por las vías legales e ilegales el cambio del uso del suelo, fundamentalmente desde el uso de preservación ecológica hacia el uso de vivienda residencial y el uso para comercio. Entre otras personas y grupos que levantan la voz en contra, las de Verónica Mastretta y la organización civil Puebla Verde denuncian una y otra vez la política sistemática de los gobiernos de Manuel Bartlett, Melquiades Morales y, últimamente, Mario Marín, que atenta contra el uso del suelo para áreas de preservación ecológica. Tan sólo en el régimen de Bartlett se cambia el uso de más de 80 hectáreas, para ubicar ahí el complejo de lo que hoy conocemos como “centro comercial Angelópolis”, diseñado por el despacho Sordo Madaleno, con las tiendas Liverpool, Samborns, Sears y Palacio de Hierro y las pantallas de Cinépolis como anclas para decenas de comercios plantados en lo que ha sido la punta de lanza del proyecto bartliano. 45 hectáreas más, que Bartlett bautizó como “Parque Metropolitano”, desaparecen para albergar ahí, y regalado sin explicación alguna al empresario Carlos Peralta, un parque de diversiones conocido como “Valle Fantástico” y, ya con Melquiades, pleito de por medio con Peralta, un campus del Tecnológico de Monterrey, 25 hectáreas de obsequio para los regiomontanos. De hecho, son las 12.7 hectáreas rescatadas de la feria inmobiliaria por Puebla Verde en el Parque del Arte en el 2004 lo único que se preserva como área verde en toda la llamada Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. En total, y con la figura del Fideicomiso Angelópolis, en los últimos tres gobiernos, más de 10 millones de metros cuadrados han sido comercializados por funcionarios bajo las órdenes de los mandatarios Bartlett, Morales y Marín. Por supuesto, sin rendir cuentas a nadie.

La joya de la corana

La historia del Parque del Arte, “la joya” de los terrenos expropiados en 1991, es el punto culminante de la trayectoria de los últimos cuatro gobernadores poblanos y su brillante oficio de especuladores sobre las 1081 hectáreas arrebatadas a los campesinos cholultecas por causa de utilidad pública. Sus 12.7 hectáreas, que en las cuentas de los funcionarios convertidos en desarrolladores inmobiliarios alcanzan un valor superior a los 600 millones de pesos, son las únicas que han sobrevivido al cambio de uso de suelo de preservación ecológica a comercial, habitacional y de servicios de las más de 110 proyectadas originalmente como áreas verdes. Cuando lo recibe del gobierno, en agosto de 2004, tras demandarlo por más de diez años, Puebla Verde hace un recuento del erial en el que estaba convertido lo que los funcionarios de Bartlett bautizaron como “Jardín del Arte”: 115 árboles vivos, sobre todo cedros, eucaliptos y algunos fresnos, centenares de toneladas de escombros arrojados ahí por los contratistas de las obras de la Reserva, una línea de 200 metros de asfalto, otra plancha de concreto para una calle imaginaria y un gran llano baldío, todo frente a los edificios del Hospital del Niño Poblano y la Universidad Iberoamericana. El proyecto presentado por Puebla Verde para reconstruir el parque estima una inversión 7.5 millones de pesos, de los que el gobierno pondrá 6 y el resto la agrupación civil. Así ocurre: cercado completo del área, construcción del bordo protector a lo largo del perímetro, extracción de cascajo, reconfiguración de suelos, construcción de tres lagos, pista para corredores, baños públicos y oficinas, instalaciones para la generación de energía eólica, rehabilitación de pozo profundo y la siembra certificada de 5 mil árboles de especies locales y centenares de bugambilias y magueyes para el bordo. A los tres años y medio de custodia, el parque sobrevive con sus propios recursos y cumple con todo lo proyectado en el momento de su creación.

La acción del gobierno de Mario Marín la desencadena un oficio del 28 de marzo del 2008, firmado por el Director de Ordenamiento Territorial de la SEDESOL federal, José Antonio LLovera. En él, la dependencia le informa al gobierno de Puebla que da marcha atrás a su consideración del 18 de febrero, oficio No. 312-223/2008, firmado por el mismo funcionario, relativa a la aprobación del cambio del uso de suelo de área verde a uso comercial, mixto y equipamiento en 60 hectáreas de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. La decisión es consecuente con lo denunciado por Anahí Romero, delegada federal de SEDESOL, y por un grupo de diputados locales y organizaciones civiles, Puebla Verde incluida, a la opinión pública días antes. Y es que los hechos son contundentes: “En general –dice sobre la Reserva Territorial Atlixcáyotl la funcionaria Romero en oficio No. 1141.2.1.0.0.237/2007 dirigido a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano de SEDESOL, Sara Topelson--, hemos observado un desvirtuamiento silenciosos y lento, pero muy efectivo, de los objetivos sociales que dieron origen a su creación”. Y dice más: “Se ha señalado la actitud constante del Estado de realizar los movimientos para cambio de uso de suelo y que después como hechos consumados los presenta para su regularización”. Con este proceso, dice la funcionaria, se incumple con lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos y se atenta contra lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al día siguiente, Bancomer, Fiduciario del Fideicomiso del Parque del Arte, manda un oficio a Puebla Verde para darle tres días hábiles para entregar el parque al Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Así de simple: luego de tres años de olvidar la solicitud de Puebla Verde por cambiar de fiduciario (Bancomer exige en agosto del 2004, al convenir los términos de la custodia por la vía de la figura del fideicomiso, 250 mil pesos por la apertura y 20 mil por renta, mientras que Santander ofrece apertura gratuita y renta mensual de mil pesos), el gobierno estatal intenta desconocer la custodia por seis años otorgada a la organización civil por el gobierno de Melquiades Morales Flores. El sábado 29, el gobernador Mario Marín se presenta en el parque, y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente presentan una maqueta con un proyecto de parque deportivo, e informan a la prensa de la intención del gobernador de tener un parque como el de San Antonio, en Texas: “Por aquí sobrevuela en su helicóptero –afirman--, y dice que Puebla debe tener un parque como el texano”. Siguen cinco días febriles, de movilización civil por un lado y de campaña mediática contra Puebla Verde por el otro. En particular TV Azteca Puebla, franquicia propiedad del empresario Raymundo Alonso, calumnia y difama a la organización ambientalista en todos sus noticieros; hijo de empresario molinero y comerciante automotriz tiene concesionado el teatro Siglo XXI, espacio cultural propiedad del gobierno, vecino del parque, y no resiste la tentación reclamar a Mario Marín por los eventos de espectáculos musicales realizados por la empresa CIE, cuatro en total en cuatro años, de los cuales Puebla Verde obtiene recursos para financiar la operación. Puebla Verde, contra la oleada de medios locales, logra una cobertura de medios nacionales (Televisa, Radio Fórmula, Milenio, Reforma) suficiente para contrarrestarla. Y recurre al amparo federal como mecanismo legal de defensa. La suspensión provisional que otorga el juez paraliza al gobierno. Siguen cinco semanas de presentación de pruebas e interrogatorios, y la reiterada negativa de los funcionarios estatales a tener pretensión alguna sobre el parque. El juez, finalmente, no otorga la suspensión definitiva ante la negativa del acto reclamado. Pero el juicio sigue.

El viernes 3 de julio los policías de Mario Marín asaltan el Parque.

2.- Política y acción civil

Son historias paralelas, la del político y la de la acción ciudadana, y se pueden seguir en una línea de veinte años que ha durado la transformación política de México: la del abogado-burócrata que escala peldaño tras peldaño de sí licenciado o me la debes me la pagas hermano, concertaciones entre ofendidos, atoles y verbos para los descontentos, abrazos y tribunas, trabajos sucios o transparentes, desayunos y embutes con periodistas, oficios firmados y acuerdos ocultos en las oficinas de Gobernación, superando uno a uno a sus jefes-maestros (el abogado magistrado Guillermo Pacheco Pulido, los gobernadores Melquiades Morales y Manuel Bartlett); y la de la organización civil que inicia su carrera ambientalista en una antesala de la presidencia municipal para pedir por primera vez la custodia de un espacio público, la abandonada Laguna de San Baltasar, en 1987, y que se convierte en una de las organizaciones ecologistas en Puebla con un trabajo sistemático probado en defensa del medio ambiente por las siguientes dos décadas. Entre uno y otra, una interrogante mal comprendida y cuya respuesta concreta en la historia reciente de una ciudad define con precisión la tan llevada y traída ausencia del estado de derecho en nuestro país: de qué hablamos cuando las acciones del Estado se sustentan en las llamadas “causas de utilidad pública” y, precisamente tras esa figura jurídica se desatan acciones gubernamentales abiertamente contrarias a un desarrollo social, urbano y ecológico armónico y justo.

El político

Mario Marín, nacido en 1955 en Natívitas Cuatempan, una pequeña comunidad de la región mixteca del sur de Puebla, sale muy niño a estudiar la primaria en el internado "General José Amarillas", en Tlaxcala. Su ascenso en la escala del poder inicia en las aulas de la Universidad Autónoma de Puebla, en Leyes –de entonces sostiene amistad con dos de sus camaradas claves en lo que los reporteros llaman la “burbuja marinista” (el notario Mario Montero, actual secretario de Gobernación, hijo del viejo periodista del régimen priista poblano, Enrique Montero Ponce, y Valentín Meneses, ahora Secretario de Comunicaciones y Transportes, sobreviviente como director de Comunicación Social del colapso del “góber precioso” en febrero del 2006). Su primer cargo público memorable lo encuentra en 1987 como secretario particular de Guillermo Pacheco Pulido, uno de los cinco santones de la política local, entonces presidente municipal; antes se encarga de la Mesa de Recursos e Inconformidades de la Oficina de Rezagos y Ejecuciones del propio Ayuntamiento. De hecho, Marín se especializa como secretario particular, pues lo fue de cinco secretarios de gobernación, un procurador y los jueces del Tribunal Superior de Justicia.

Logra el cobijo del gobernador Manuel Bartlett, que lo nombra subsecretario de Gobernación en los primeros años del régimen bartlista, y termina como Secretario antes de alcanzar la candidatura a la presidencia municipal, que gana en una de las más controvertidas elecciones, en 1998, denunciadas por panistas y perredistas como fraudulentas, una crisis que librará por el respaldo final del líder nacional del PAN en aquel año, Felipe Calderón Hinojosa. Con un enorme gasto de imagen en medios, termina la presidencia con altos índices de popularidad en las encuestas, que no evitan la derrota del PRI ante el candidato panista en el 2001. Marín suspende temporalmente su carrera de funcionario para preparar su candidatura al gobierno estatal en el 2004, aunque se cura en salud, pues logra que el gobernador Melquiades le compre un seguro de vida al nombrarlo notario en febrero del 2002. Siguen dos años de derroche de habilidades y carisma políticos para ganar sin dificultad la puja al candidato melquiadista. Un socarrón militante de la izquierda local, Gaudencio Ruiz García, bromea con una profecía: “de norte a sur se oye un clamor, Mario Marín Gobernador”. Lo que sea, inteligencia y disciplina, amarres y compromisos, se suman a la gracia de los panistas, decididos a coronar su corrosión interna en Puebla con el regalo en bandeja de la victoria marinista.

Marín asume la gubernatura en enero del 2005. La primera novedad la encuentra en el acceso al dinero federal con los excedentes de PEMEX, que permiten hablar de presupuestos anuales superiores a los 30 mil millones de pesos. De inmediato toma decisiones que se esperaban: se deshace de buena parte de los políticos ligados a Melquiades Morales; y en buena medida hace lo propio con los bartlistas. De hecho, su gabinete se configura en puestos claves con hombres muy cercanos: Xavier García Ramírez como Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Valentín Meneses en Comunicación Social; Mario Montero en el PRI. Y un financiero sin trayectoria política en la poderosa Secretaría de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar. Crea la Secretaría de Medio Ambiente, pero la deja fuera de un proceso fundamental: la regeneración de la cuenca del Atoyac, con el territorio de Valsequillo al sur de la ciudad como nuevo entorno de especulación inmobiliaria. Y le da la tarea y los recursos a Javier Sánchez Galicia, su empresario publicista y su funcionario de comunicación social, para el control de los medios. Todo va de maravilla hasta la mañana del 14 de febrero en la radio, con las grabaciones del gober precioso, la grotesca figura del textilero Kamel Nacif y la criminal secuencia contra la periodista Lidia Cacho. La elección presidencial y la obligada alianza de Felipe Calderón con el PRI, en un año terrible para Mario Marín, permiten su sobrevivencia, a extremo tal que la Suprema Corte de Justicia lo libera de toda persecución política y penal.

2008 es su cuarto año en el gobierno, el cenit.

La acción ciudadana

Puebla Verde arranca su carrera como ONG ambiental también en los años ochenta. En 1987, con la creación del Patronato Puebla Verde y una línea de acción en la denuncia periodística (un video documental sobre la devastación de la Malinche y dos suplementos periodísticos en la revista Momento y el diario Cambio), un grupo de poblanos formado por profesionistas, empresarios y amas de casa se decide a participar abiertamente en la defensa del medio ambiente en el estado de Puebla. Al arrancar el gobierno municipal de Guillermo Pacheco Pulido, Verónica Mastretta participa en forma voluntaria en la Dirección de Participación Ciudadana. Ahí conoce a unos vecinos de San Baltasar que le hablan del abandono en el que se encuentra una laguna natural que ella conoció de niña. Realiza con los vecinos una jornada de limpieza de las orillas, y de ese grupo brota la idea de rescatarla. Una mañana de 1987 se encuentra en la antesala del presidente municipal Pacheco Pulido al dirigente de la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia, Simitrio; ambos llevan como tema el de la laguna de San Baltasar, uno de los vasos naturales de regulación en el sur de la ciudad, entonces convertido en un tiradero de escombro por los ejidatarios que con ese mecanismo le ganan poco a poco el terreno al espejo de agua, que, pedazo a pedazo, fraccionan; Simitrio tiene como consigna formalizar el uso del baldío como estacionamiento-paradero de combis, transporte floreciente en esa época, y que sus choferes han tomado, y hasta planos del proyecto lleva; Verónica lleva el proyecto de rescate, vía dragado y colector, operación y mantenimiento. Ahí mismo logran entenderse: Simitrio se desiste de su idea; Pacheco Pulido, intuitivo como político y consciente como funcionario de sus limitaciones, le abre el paso a la ciudadanía. Puebla Verde, de la misma forma que lo hará con Melquiades Morales para el Parque del Arte en el 2004, aporta recursos privados sin propósito de recuperarlos y que se suman a los invertidos por el Ayuntamiento para la rehabilitación de la laguna. 21 años después Puebla Verde mantiene la custodia sin recibir subsidio alguno por parte de gobierno alguno.

Esos años finales de los años 80 suponen la confirmación de Puebla Verde como ONG ambiental: participa intensamente en la denuncia de la depredación provocada por empresas como PEMEX, Hylsa, VW y muchas más en los centros industriales del corredor Puebla-San Martín Texmelucan; propone y logra la creación de un proyecto privado de manejo de residuos sólidos a bajo costo, ante la debacle de la recolección de basura en Puebla y las denuncias contra la corrupción de los funcionarios involucrados en el Departamento de Limpia, entre ellos el actual todopoderoso Secretario de desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno marinista, proyecto que se lleva a la realidad por Puebla Verde, a cargo de la recolección del sector sur-oriente en los años 1990-1994; a los tres meses de operación, la recolección empieza a ser autosustentable, el ayuntamiento cobra y las empresas pagan por el servicio. Este proceso de privatización del servicio de recolección de basura deriva, con el Ayuntamiento 1992-1995, a cargo de Rafael Cañedo, y de la mano controladora de Manuel Bartlett, en una licitación que Puebla Verde impugna por sus inocultables irregularidades que con mano negra otorgan la concesión al empresario constructor José Abed; el concurso se repite, pero la asociación ambiental se abstiene de participar nuevamente. También en 1989 Puebla Verde pide y obtiene la custodia del que hasta la fecha conocemos como Parque Ecológico, 70 hectáreas cercadas que por años conocimos como Aviación, convertido el viejo aeropuerto local en parque público por el gobernador Guillermo Jiménez Morales, quien lo inaugura el 18 de noviembre de 1986. Le siembra 10 mil arbolitos con todo y envoltorio plástico. Mueren todos. El nuevo gobernador, Mariano Piña Olaya, lo deja abandonado por cuatro años, hasta que Puebla Verde le propone la custodia para rescatarlo. “Se los doy –le dice Piña Olaya a Verónica--, pero no esperes del gobierno un peso para mantenerlo”. Como para la Laguna de San Baltasar, el gobierno le autoriza a Puebla Verde el cobro de una cuota mínima para el mantenimiento. Los árboles que hoy vemos en el Ecológico son en su mayoría los sembrados por Puebla Verde; el parque se administra sin subsidios con recursos generados por la recolección de basura y con una cuota de recuperación de dos pesos. En 1993, Manuel Bartlett imagina el parque para lo que no debe ser (museos, oficinas, etc.), le quita la custodia a Puebla Verde y construye en sus terrenos una planta de tratamiento de aguas residuales. Igual que con Mario Marín, sin mayores argumentos, pero finalmente de acuerdo y sin uso de la fuerza pública. El costo de operación del parque subió en un 400 por ciento en nóminas, esta vez a cargo del erario público.

Entre 1988 y 1993, Puebla Verde participa en la discusión nacional hacia la creación de una ley ambiental federal, y lo hace a través del llamado Consejo de Desarrollo Sustentable, al que representa con otros grupos mexicanos en la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992. Al año siguiente, Puebla Verde encabeza como organización civil ambiental el desarrollo de una reserva ecológica en el bosque propiedad de los campesinos del poblado Preciosita Sangre de Cristo, en la región del Iztaccíhuatl, con la participación del gobierno de los Estados Unidos como donador de 600 venados, y los gobiernos federal y estatal como proveedores de recursos económicos (traslado de los animales y cercado de las 416 hectáreas), y los propios campesinos, hasta la fecha, los propietarios del proyecto. Los años finales del siglo pasado y los que corren del presente, es decir, desde 1994 a la fecha, fueron para Puebla Verde los de la batalla perdida por la recuperación de la laguna de Chapulco, también en el sur de la ciudad, espacio abandonado y en riesgo de repetir la suerte de las lagunas de La Mora, Agua Santa y Castillotla, desaparecidas para dejar lugar a colonias populares y centros comerciales Aurrerá y Mercado Independencia, Chedraoui y Cinépolis. En los últimos trece años, a partir de la denuncia contra la venta ilegal de terrenos de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl realizada ante el entonces secretario de la Sedesol federal, Luis Donaldo Colosio –que deriva en la negativa de entrega de la Reserva al gobernador Piña Olaya--, Puebla Verde participa en la lucha sostenida contra el cambio en el uso del suelo llevada a cabo por los gobiernos de Bartlett, Melquiades Morales y Mario Marín, y por el reconocimiento de lo proyectado como áreas de preservación ecológica en el desarrollo Angelópolis del propio Bartlett, que originalmente destina más de 100 hectáreas para parques. Fue en el 2004 cuando, ya de salida, Melquiades Morales le otorga en custodia lo que quedaba de todo ello: el llamado Jardín del Arte, poco más de 12 hectáreas. Entre agosto del 2007 y marzo del 2008, Puebla Verde participa en la denuncia pública contra el propósito del gobierno estatal de cambiar el uso del suelo a lo que queda de áreas verdes en Angelópolis, que deriva finalmente, en el oficio del 28 de marzo por el que la SEDESOL federal da marcha atrás a su aprobación a los cambios. Al día siguiente, por la vía del Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, y con la complicidad de BVVA Bancomer, el gobierno inicia su campaña para arrebatarle el parque a Puebla Verde.

3.- Utilidad pública = especulación inmobiliaria

Sigue el dinero, afirma la vieja instrucción detectivesca

No hay que ir muy lejos para encontrar el móvil del crimen de la especulación: está escondido en la figura del Fideicomiso de la Reserva Territorial Angelópolis, y su fiduciario Bancomer, responsable de la venta de los 10 millones de metros cuadrados contemplados en el área expropiada y de la que no han dado nunca información al público. Yo tenía diez perritos, se dice en el canto de los incautos. Y es que hay una historia legal, escurridiza y truculenta, que no se ha contado en su profundidad, a pesar de que se remonta a los primeros años de la década de los sesenta, y más aún, a los tiempos de las dotaciones ejidales posrevolucionarias. Es una historia de abusos e impunidades la que da cuenta de la relación negativa para los pueblos originarios que tuvieron la mala fortuna de estar asentados en las inmediaciones de la antigua ciudad de Puebla. Por principio, un decreto gubernamental de 1962 despoja a los pueblos cholultecas de miles de hectáreas de su jurisdicción con el pretexto del ordenamiento del crecimiento de la llamada Angelópolis, y que, a la fecha, se mantiene en la indefinición jurídica, a pesar del larguísimo y complicado pleito entre las municipalidad de San Andrés y la capital poblana. Al día de hoy, en este julio que corre del 2008, gran parte de los comercios asentados en Angelópolis tiene que pagar impuestos a los dos ayuntamientos. Y han ido y peleado los abogados, y se han arrebatado papeles antiguos, y han orillado a definirse a la Suprema Corte, y no ocurre nada. Recolectores de basura de los ayuntamientos de san Andrés y Puebla pelean a pedradas la basura; los policías se enfrentan por el control de los territorios. Un ejemplo: El día del asalto al Parque del Arte por la policía marinista, el Ayuntamiento panista de San Andrés Cholula ofrece a Puebla Verde su intervención para evitar la toma, oferta en todo momento rechazada.

Rescatada por fortuna por Carlos Escamilla Guzmán, un restaurantero afectado por la expropiación, y que ha seguido la pista desde los primeros tiempos al proceso, cuando todavía gobernaba Mariano Piña Olaya, el gobernador que mandó al actual subsecretario de Gobernación con Mario Marín, Alberto Esteban Morelos, a vender los terrenos de Momoxpan y Tlaxcalancingo con un sobreprecio del 100 por ciento a empresarios poblanos, dinero que perderían una vez que el gobernador Manuel Bartlett desconociera lo realizado por su antecesor y arrancara formalmente con el Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Carlos Escamilla guarda notas de prensa, oficios administrativos, planos y proyectos, acuerdos y decretos, en un memorial que conserva como un monumento a la capacidad criminal de la maraña burocrática formada por el gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal, el congreso local, los juzgados locales y federales, las oficinas de catastro y registro público de la propiedad, los notarios y los despachos de abogados, las fideicomisos y los fiduciarios, los constructores y los inversionistas.

Todo empieza en 1990, con el decreto del 21 de diciembre publicado en el diario oficial: “Ordenar el crecimiento urbano de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuatlancingo”, afirma como propósito fundamental. Son 2900 hectáreas contenidas en el plano PR-9A. En su artículo primero se declara la utilidad pública y el beneficio social como motivo de la creación de la reserva territorial. En su artículo segundo se establecen los límites de la reserva en los planos PR-9A y PR-9B. El año siguiente, 1991, es el de las solicitudes de expropiación de los terrenos ejidales (el 13 de agosto, 140.8 has. del ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, en lo que hoy forma un conglomerado anárquico de servicios comerciales a lo largo de la Vía Atlixcáyotl, entre el puente de la 25 Sur y el Periférico; el 23 de agosto, otras 673 hectáreas del ejido de San Andrés Cholula; en las semanas siguientes, solicitudes similares de expropiación se publican en el diario oficial para los ejidos de La Trinidad Chiautengo, en el municipio de Cuautlancingo, y Momoxpan, en San Pedro Cholula). En ninguna de ellas se hace referencia a la existencia del decreto de 1962 que otorgaba todos estos territorios ejidales al municipio de Puebla.

Las expropiaciones llegan de inmediato. Para el ejido de San Andrés Cholula, con una dotación original de 756,6 hectáreas de fecha 15 de octubre de 1928, se producen entre 1991 y 1992, tanto para la autopista a Atlixco (10.97 has.) como para la reserva territorial (696.5 has.); para el ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, el 4 de mayo de 1992 (140.6 has.); para el ejido de Santiago Momoxpan, el mismo día (84 has.); y para el de la Trinidad Chiautengo, también con esa fecha (158 has.). El 19 de junio de ese año quedan inscritas en el registro público de la propiedad las 696 hectáreas del ejido de San Andrés. Días antes, el 4 de mayo de 1992, en el Diario Oficial de la Federación se publica el decreto que autoriza al ejecutivo estatal enajenar a título oneroso diversos predios por 1081 hectáreas que tendrían como destino de utilidad pública el de vivienda, comercio, la industria y el turismo.

Al entrar Manuel Bartlett, el gobierno federal elabora un Convenio de Transferencia de Reservas Territoriales que, bajo lo establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, obliga al gobierno estatal a someterse a la concurrencia de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para administrar la regulación y ordenamiento de los territorios expropiados, y le exige integrar a las colonias y fraccionamientos preexistentes dentro del Programa Regional de Desarrollo Urbano. El convenio se firma el 12 de abril de 1994, y le da 120 días al gobierno estatal para presentar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Puebla, que finalmente queda inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 9 de agosto de ese año. Bartlett crea inmediatamente el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl cuya función principal se cumple el 19 de diciembre de 1997, cuando el Programa Subregional de Desarrollo Urbano sufre su primera gran adecuación, con el cambio de uso de suelo a la mayor parte del área destinada originalmente como de preservación ecológica. Ya casi de salida, Bartlett logra una segunda modificación, que se publica el 18 de diciembre de 1998, para agregar nuevas hectáreas a la reserva, elevando la superficie sujeta al programa a 3083 hectáreas.

Melquiades modifica por primera vez el programa el 14 de junio del 2000 con el argumento de que la zona requiere de equipamiento comercial, vialidades y otros usos, y afirma que por la dinámica de la zona es necesario un esquema de modificación constante de los planes rectores de la reserva. Aunque esto no se aceptó legalmente, en la práctica permitió llevar a cabo una serie de operaciones que a la fecha se mantienen irregulares. En el 2002, el gobierno solicita cambiar zonas de áreas verdes para equipamiento educativo, para dar lugar a la llegada del Tecnológico de Monterrey, y por ahí cuela la existencia del parque de diversiones Valle Fantástico, con sus 25 hectáreas. Melquiades ofrece compensar la pérdida de áreas verdes, pero nunca se completan los procedimientos que incluían también una planta de tratamiento de aguas residuales y un proyecto de arquitectura de paisaje. Nada de esto se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

Mario Marín propone inmediatamente modificar usos del suelo en la reserva con el argumento certero de que existe un buen número de operaciones que han derivado en desarrollos y construcciones, pero que no tienen resuelta la regularización de la propiedad por el problema del uso del suelo. Pero una solicitud específica al gobierno federal se tiene en el oficio No. FPRTQA/DG/512/2007, del 19 de octubre del 2007, en el que “informa sobre el proceso de adecuación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano que regula la Reserva Territorial Atlxcáyotl-quetzalcóatl”. En él, Marín se compromete a adquirir y destinar para parque metropolitano el predio “Las Carmelitas”, de 8.5 hectáreas, y el predio “Castillotla”, de 5.4 hectáreas, para un total de 13.9 valoradas en 700 pesos el metro cuadrado, se obliga a desarrollar y ejecutar el “Proyecto de Arquitectura de Paisaje para el Boulevard Atlixcáyotl” y a cumplir con las especificaciones de impacto y riesgo ambiental generados por la planta de tratamiento localizada en la Reserva. Todo ello prometido con anterioridad y no cumplido tanto por Melquiades como por el propio Marín. A cambio, detalla los cambios que requiere para la reserva. En febrero del 2008, el funcionario de SEDESOL José Antonio LLovera confirma la procedencia de la propuesta del gobierno marinista. El 10 de marzo, la delegada federal en Puebla de la Secretaría, Anahí Romero manda el oficio No. 141.2.1.0.0.237/2008 a Sara Topelson Fridman, Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en la que “expresa su consternación” y expone el conjunto de anomalías existentes en la modificación declarada procedente por LLovera, y da cuenta de las denuncias realizadas por Puebla Verde. De entrada, el incumplimiento de leyes federales por parte de la Secretaría: la de Asentamientos Humanos y la de Medio Ambiente y Equilñibrio Ecológico. Y aporta elementos: en el decreto expropiatorio no se alude como causa en ninguna parte al uso comercial de la zona, y que “dentro de la superficie propuesta (por el gobierno de Marín) para cambiar el uso del suelo de un total de 58.18 hectáreas, más de 26 cambian de área verde o ecológica a uso comercial, de equipamiento o mixto, incluso 6.2 hectáreas cambian de preservación ecológica a uso para vivienda residencial media”. Y expone que “el gobierno no ha regularizado el total de las colonias que originariamente estaban asentadas en la zona y no ha concretado la escrituración de los desarrollos habitacionales de Cuautlancingo y San Andrés Cholula (Vivah 98 y Gobernadores), que sí justifican el uso social de la expropiación. Además, ante la incertidumbre en la seguridad jurídica de las viviendas ha provocado movimientos recurrentes de invasión, venta y reventa de viviendas”. Y remata con el hecho de que el gobierno estatal ofrece en compensación por el cambio de uso de suelo al parque metropolitano (de 46.1 hectáreas valoradas actualmente en 4,500 pesos el metro cuadrado) , es decir, por terrenos a los que en la práctica les han dado uso de equipamiento (Tec de Monterrey y Valle Fantástico), dos predios fuera de la Reserva (Las Carmelitas y Castillotla) valorados en 700 pesos el metro cuadrado, de tan sólo 13.9 hectáreas.

Las quejas llegan al presidente Calderón y a su secretario de Desarrollo Social, Carlos Cordero. El 28 de ese mes, el propio LLovera le informa al gobierno poblano de la marcha atrás del gobierno calderonista. Al día siguiente, El gobierno de Mario Marín inicia su cargada contra Puebla Verde, que termina con la toma ilegal del Parque del Arte. Tres semanas después, Anahí Romero es destituída de su cargo como delegada federal de Sedesol.